El Estado de Hidalgo no nació por moda política ni por orgullo regional; nació porque, durante demasiado tiempo, sus pueblos estuvieron olvidados, porque había comunidades enteras, principalmente indígenas, que vivían sin caminos, escuelas, médicos y sin voz, mientras su tierra daba riqueza para el país.
Antes de ser Estado, Hidalgo ya existía: existían sus montañas, sus ríos, sus campos, sus minas y, sobre todo, su gente. Lo que no existía era el Estado; las leyes no llegaban, los servicios no aparecían y las decisiones se tomaban lejos. Gobernar desde lejos era, en los hechos, abandonar.
La Sierra, la Huasteca y el Valle del Mezquital no eran regiones pobres por naturaleza; eran regiones aisladas por la geografía y olvidadas por la autoridad. Para llegar a muchas comunidades había que caminar horas; la escuela era un lujo, la clínica, una rareza, y la justicia, una promesa que casi nunca cruzaba la montaña.
Ahí vivían pueblos con nombre, lengua e historia: otomíes (hñähñu) en el Valle y la Sierra, que hablan su lengua materna mientras sobreviven con lo mínimo; nahuas en la Huasteca, que cuidan la milpa, la tierra y su organización comunitaria; tepehuas en las zonas más altas, que resisten el aislamiento. Y sobre todos ellos, una raíz profunda: la herencia tolteca, que dio identidad temprana a este territorio.
Estos pueblos nunca fueron el sostén: produjeron alimentos, cuidaron la tierra y defendieron su cultura, aun cuando el Estado no estaba. No eran improductivos: eran explotados sin ser integrados; la riqueza salía, pero el bienestar no regresaba.
La Comarca Minera lo demuestra con claridad. Durante años, de Hidalgo salió plata, oro y otros minerales que ayudaron a mover la economía nacional, pero alrededor de las minas crecieron pueblos pobres, mineros sin derechos plenos y comunidades que veían pasar la riqueza sin tocarla. Territorio rico, pueblos pobres: esa fue la contradicción.
Como dice la sabiduría ancestral: “La tierra no es herencia de nuestros padres, es préstamo de nuestros hijos”, y ese préstamo se usó durante décadas sin pensar en quienes vivían sobre él.
Esa realidad obligó a México a reaccionar. La creación de Hidalgo no fue un gesto romántico; fue el reconocimiento de una exigencia: no se puede hablar de nación cuando una parte del territorio, principalmente indígena, solo sirve para producir, pero no para vivir con dignidad.
Crear un Estado significó intentar acercar el gobierno al pueblo, pensar en caminos donde no los había, en escuelas donde nunca hubo aulas, en instituciones que entendieran la diversidad cultural y lingüística del territorio. No fue caridad: fue una obligación a favor de un pueblo que se negó a estar en el olvido.
El gobierno que trajo la erección del Estado no fue para someter a los pueblos, sino para integrarlos, para que la riqueza minera tuviera reglas, que el desarrollo no se quedara solo en las ciudades, y para que el Estado, por primera vez, tuviera rostro en comunidades que durante siglos hablaron su lengua sin ser escuchadas.
Hidalgo nació por decreto un 16 de enero, porque México no podía darle la espalda a un territorio que lo sostenía. Nació sobre una tierra rica en cultura viva, en lenguas que aún se hablan y en minerales que, durante décadas, alimentaron a México y a los españoles. No es casual que lleve el nombre del Padre de la Patria como recordatorio de origen, dignidad y deuda pendiente.
Porque, al final, un Estado no se justifica por su decreto; se justifica por lo que devuelve a su gente. Y mientras esa riqueza cultural y minera no se traduzca en bienestar real para los pueblos que la sostienen, la razón misma de su nacimiento seguirá siendo una exigencia abierta de justicia.
Hidalgo no solo es historia; es una causa viva que exige memoria, justicia, dignidad y corazón para su gente.
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