Para la mayoría, el periodo Guadalupe–Reyes es una pausa emocional entre celebraciones y reuniones familiares, para la Contraloría, es exactamente lo contrario, es el tramo más exigente del año, el cierre donde se miden resultados y no hay espacio para la improvisación, el último estirón para concluir y comenzar de nuevo.
Este diciembre llega tras un año en el que la Contraloría fue constante en medios nacionales y locales; investigaciones, auditorías, procedimientos disciplinarios, avances tecnológicos y reformas estructurales la mantuvieron en la conversación pública.
Y ahora, al final del calendario, todos esos temas confluyen en un solo punto: cumplir.
Entre los temas de mayor atención mediática fue el Complejo Anticorrupción “Hidalgo Honesto”, un proyecto sin precedente a nivel nacional y que la opinión pública identificó como el nuevo eje de la política de integridad.
El complejo está integrado por tres edificios especializados; Uno: con ingenierías y arquitectura, donde se audita la obra pública y se realizan pruebas técnicas de calidad en un laboratorio de análisis de materiales de primer mundo. Dos: Contaduría y auditoría financiera, responsable de revisar presupuestos, adjudicaciones y el uso del gasto público de los municipios y de todos los entes públicos estatales. Tres: órganos de vigilancia, secretaría técnica, comunicación social y área jurídica, donde los abogados aplican la Ley de Responsabilidades con rigor y sin excepciones.
La construcción y puesta en marcha de este conjunto de tres edificios llamados por algunos los tres pasteles, fue narrada por la prensa como un mensaje claro de combate a la corrupción; adiós a las islas institucionales con la transición para integrar las funciones de los institutos de transparencia al sistema de las contralorías estatales.
Columnistas y especialistas coincidieron en un punto: la separación histórica entre “fiscalizar” y “transparentar” generó duplicidades y vacíos que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar.
El nuevo modelo, que debe completarse antes de iniciar el próximo año, busca que la transparencia de la información pública, la protección de datos, la vigilancia del gasto y la responsabilidad administrativa formen parte de un mismo ecosistema.
Un maxiproceso que definió la conversación pública, que involucró a exfuncionarios municipales y estatales, durante meses, medios nacionales siguieron cada audiencia, cada ampliación de investigación, el mensaje institucional fue claro: el proceso continúa, no se congela en diciembre y no se diluye entre celebraciones, la expectativa social es alta y la presión mediática también.
También fue el año de la transición hacia el control digital del patrimonio público, con tecnología de punta y tres poderosos Site, la Contraloría avanzó en la unificación de 120 mil declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, un paso indispensable para operar plenamente la Plataforma Digital Nacional.
La prensa destacó el tamaño del reto y el impacto potencial, ya no hay declaraciones dispersas, inconsistentes o sin capacidad de cruzamiento con otros sistemas. A ello se suma la próxima publicación de la base de datos abierta de geolocalización de obra pública, una herramienta que permitirá a cualquier ciudadano verificar, desde su teléfono, dónde está cada obra, cuánto costó y qué avance tiene.
Doble plaza y recursos de emergencia: el escrutinio que incomoda, dos temas adicionales marcaron la agenda mediática: los casos de doble plaza, que generan debates sobre legalidad y responsabilidad en el servicio público y la fiscalización de los recursos aplicados a contingencias por lluvias, uno de los asuntos más sensibles de cara a la ciudadanía.
En ambos, la línea institucional fue la misma: la ley se aplica sin distinción y cada peso ejercido debe respaldarse.
El cierre que no ve el ciudadano, las audiencias públicas, las notas de prensa y las declaraciones oficiales suelen opacar el trabajo técnico que sostiene a la institución: auditorías concluidas, matrices de riesgo, procedimientos integrados, sistemas digitalizados y expedientes preparados para enero.
Ese trabajo, silencioso pero imprescindible, es lo que permite que la contraloría funcione incluso cuando el calendario invita a la pausa.
El Guadalupe–Reyes de la Contraloría no es un periodo festivo es el tramo donde se confirma si la institución estuvo a la altura del gobierno de la transformación y de la demanda ciudadana durante el año.
Es diciembre, época de cierre que implica: concluir las áreas verdes e infraestructura exterior del Complejo “Hidalgo Honesto”, consolidar la integración de transparencia, avanzar en el maxiproceso tope donde tope, unificar 120 mil declaraciones, publicar el mapa de obra, concluir dictámenes de doble plaza y fiscalizar los recursos de emergencia.
Todo ello bajo un escrutinio mediático constante, ciudadanía ya no se conforma con anuncios, exige resultados verificables.
Y diciembre es el mes donde esos resultados deben aparecer; es en su sentido más profundo, la verdadera dimensión del Guadalupe–Reyes de la Contraloría Hidalgo.
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