Al cuidado del bien común todos estamos obligados y del que nadie puede apropiarse, la responsabilidad es colectiva, durante años, el dinero público en México pareció moverse en el sentido contrario a esa idea, no era de nadie en particular y, por lo tanto, nadie respondía plenamente por él.
Se normalizó una noción peligrosa, que el uso indebido de los recursos públicos era un mal inevitable, parte del costo de gobernar. Las irregularidades se acumulaban, los expedientes dormían en archivos y las consecuencias rara vez llegaban, el mensaje era claro y persistente: administrar mal el dinero del pueblo o no tenía efectos reales.
Hoy esa narrativa comienza, lentamente, a resquebrajarse, hablar de dinero público no es hablar de cifras abstractas ni de balances contables; es hablar de medicamentos que no llegan, de calles que no se pavimentan, de programas sociales mal diseñados o de obras que se pagan dos veces y no funcionan una sola, cada peso desviado no es solo una falta administrativa, es una oportunidad perdida para mejorar la vida de alguien.
Por eso la discusión no debe centrarse únicamente en cuánto se gasta, sino en cómo se gasta y quién responde por ello, la transformación en la gestión pública no ocurre cuando se anuncian más recursos, sino cuando se establecen reglas claras, controles efectivos y consecuencias reales, el poder público solo se legitima cuando se ejerce con responsabilidad y límites.
Durante mucho tiempo, los órganos de control existieron más en la ley que en la práctica, su función se reducía a observar, recomendar o señalar, mientras que actuar, sancionar o inhibir conductas indebidas parecía una frontera que pocos se atrevían a cruzar, esa inercia terminó por alimentar una impunidad administrativa silenciosa y profundamente dañina.
En ese contexto, el hecho de que hoy se estén ejecutando sanciones e inhabilitaciones derivadas de procesos administrativos no debe minimizarse, aunque para algunos parezca insuficiente. No porque unas cuantas sanciones resuelvan un problema estructural, sino porque rompen una lógica histórica donde no pasaba absolutamente nada. Durante años nadie respondía, nadie era llamado a cuentas y nadie enfrentaba consecuencias por manejar recursos que no le pertenecían.
La rendición de cuentas no se construye de un día para otro ni se mide únicamente por el número de sanciones. Se construye cuando el servicio público deja de ser un espacio cómodo para la discrecionalidad y se convierte en un ámbito donde las decisiones tienen seguimiento y responsabilidad.
El verdadero cambio no está en la sanción en sí misma, sino en el mensaje que envía: el dinero público sí tiene dueño, y ese dueño es el pueblo. Administrarlo mal ya no puede seguir siendo una anécdota ni un error sin consecuencias; es una falta que debe atenderse conforme a la ley.
Esto no implica apostar por una lógica punitiva ni convertir la fiscalización en una cacería de culpables. Un Estado fuerte no es el que sanciona más, sino el que logra prevenir, corregir y profesionalizar la gestión pública. Una sociedad que normaliza el abuso termina por erosionar su propia vida pública.
El dinero público no es de nadie en particular, pero es responsabilidad de todos cuidarlo. Y es obligación del Estado garantizar que quien lo administra lo haga con honestidad, transparencia y apego a la ley. Quizá los avances aún parezcan modestos, pero en un país acostumbrado a la impunidad silenciosa, el simple hecho de que ya no todo se quede en el papel es un paso que vale la pena reconocer y profundizar.
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