A partir del 1 de julio, en Hidalgo comenzará a escribirse una nueva página en la historia del servicio público; rumbo a La Concepción, sobre la salida a La Estanzuela, se levantan tres edificios que no solo representan concreto, acero y cristal, son una idea de futuro, un emblema de gobierno austero, eficaz y cercano a la gente, son los Edificios del Buen Gobierno, no es un simple cambio de oficinas, es un salto de calidad en la forma de administrar el gasto público, brindar servicios, atender a la ciudadanía y combatir la corrupción con herramientas modernas.

Aquí se concentrarán servicios públicos de once inmuebles que están dispersos por Pachuca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Laboratorio de la Comisión Estatal de Agua, el Laboratorio de la Auditoría Superior del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y las siete oficinas de la Contraloría que estaban desperdigadas desde Zona Plateada hasta Punta Azul, ahora estarán bajo un mismo techo; literal y simbólicamente, el buen gobierno ya tiene casa.

Y no es cualquier casa; los nuevos edificios están pensados desde la eficiencia y la sustentabilidad, amigables con el medio ambiente, equipados con tecnología digital, paneles solares, fibra óptica, instalaciones eléctricas trifásicas, drenajes especializados para aguas grises y negras, gas para laboratorios y todo lo necesario para operar con excelencia, incluso cuentan con rampas, baños accesibles, iluminación natural, ventilación cruzada, estacionamientos suficientes, filtros de agua y sistemas de ahorro energético; es decir, edificios apropiados para el servicio público, porque la dignidad también se construye desde el espacio donde trabajamos y atendemos al pueblo.

Pero vayamos al meollo del asunto: el ahorro; los tres edificios nuevos eliminan la necesidad de pagar renta por diez espacios que actualmente cuestan al erario 1 millón 240 mil pesos al mes, si multiplicamos por doce meses, son 14.8 millones al año, y si lo llevamos al sexenio, hablamos de 89.8 millones de pesos, casi lo que costó construirlos: 94 millones de pesos, sin considerar mobiliario, site o instalaciones especiales, pero eso no es todo.

Súmele los 12 millones anuales en mantenimiento de los edificios arrendados, que en seis años serían 72 millones más, agregue los 5 millones de pesos por site digital que se requerirían en cada uno de los once inmuebles, para un total de 55 millones; la suma da nada más y nada menos que 220 millones de pesos que hoy se transforman de gasto corriente a inversión pública, ya no es dinero tirado a la basura, como sucedía cada mes, ahora es patrimonio del pueblo.

Edificios nuevos construidos para un servicio público específico no como en su caso el Centro Minero que construyó el gobierno federal para sede del Servicio Geológico Mexicano, el complejo del Sector Primario que se construyó para una feria del caballo y palenque que en 50 años son los referentes para aminorar los arrendamientos.

Además del ahorro, hay otra ganancia enorme: la eficiencia administrativa, imagínese la complejidad de coordinar personal, sistemas, vigilancia, mantenimiento, limpieza, trámites, firmas, entregas y recepciones de documentos en once puntos distintos de la ciudad, ahora, todo estará en un solo lugar, lo que significa una reducción importante en traslados, en tiempo perdido, en duplicidad de funciones y en desgaste tanto para personal como para usuarios.

Sólo en vigilancia, la diferencia es clara, antes se tenía que contratar seguridad privada o asignar personal de la Policía Bancaria para once inmuebles; hoy, basta con un solo equipo para los tres edificios, lo mismo pasa con la jardinería, el internet, el agua, la luz, la telefonía, la limpieza y el mantenimiento; un solo contrato, no once, significa ahorro, control, seguimiento y mejores condiciones de operación.

Este nuevo centro de operaciones alberga oficinas y alberga inteligencia pública, porque desde ahí se conectan plataformas digitales con 175 entes públicos del estado con la Federación, desde ahí se coordina la fiscalización, el monitoreo de la obra pública y la vigilancia ciudadana con más de 20 mil contralores sociales que revisan cómo se aplican los recursos, desde ahí se administrarán la Plataforma Digital Nacional y la Plataforma Nacional de Transparencia, los sistemas más importantes en materia de transparencia y combate a la corrupción.

No es un capricho, es un acto de responsabilidad institucional; ya no más padrones de proveedores perdidos en oficinas mal iluminadas, laboratorios improvisados en bodegas o estacionamientos rentados, ya no más "oficialías de partes" por duplicado que multiplicaban costos y complicaban la vida a los ciudadanos; ahora habrá una sola recepción para todos los trámites, una sola administración central, con mayor control, seguridad y eficiencia.

¿Quién se muda a este complejo?, pues nada más y nada menos que 475 personas servidoras públicas, unos 400 de la Contraloría, incluyendo los contralores, 30 de los laboratorios, 35 del ITAIH, y 10 del SEAH, todos juntos, todos conectados, todos al servicio de la ciudadanía, el tiempo de la dispersión terminó; empieza el tiempo de la articulación institucional.

En palabras llanas, lo que hace el gobierno de Hidalgo es romper con una vieja lógica de derroche en arrendamientos para construir una nueva cultura de orden, digitalización, rendición de cuentas y verdadero servicio público, porque como bien dice Claudia Sheinbaum: "no se trata solo de ahorrar por ahorrar, sino de usar bien el dinero del pueblo para servirle mejor."

No todo es miel sobre hojuelas, ya que esta política pública también genera afectados, particularmente entre los arrendadores de inmuebles utilizados por el Estado, quienes dejarán de percibir ingresos y vivir a costa del erario público; además, la creciente riqueza de los constructores que edifican para luego arrendar al gobierno plantea un riesgo latente de corrupción, lo que hizo urgente establecer frenos institucionales, una guerra contra la corrupción que apunta a quienes hacen fortuna con el alquiler de inmuebles que, en realidad, debieron ser construidos por el Estado.

El gobernador con estos tres edificios del buen gobierno y las próximas torres administrativas de atención al pueblo dejará un importante legado, se recordará por cortar de tajo los más de 200 arrendamientos públicos que merman el presupuesto y el patrimonio del Estado, combatió la corrupción que dañó por años la imagen del gobierno y erosionó la confianza de los ciudadanos que en muchos casos favorecieron a intereses personales, incluso hay quienes rentaron un cascarón y se efectuaron innumerables adaptaciones y construcciones en beneficio del arrendador con pérdidas económicas para el Estado al incurrir en gastos innecesarios.

Tres edificios que construye Julio Menchaca, son más que una infraestructura moderna, son símbolo de un gobierno que no solo dice, cumple, aquí ya no se invierte en rentas, se invierte en futuro, aquí no se sirve al poder, se sirve al pueblo; y eso, sin duda, ya se nota.

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