El Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta de México frente a un problema estructural persistente, pero aún la expectativa no se alcanza. No logra ofrecer resultados visibles ni contundentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum prepara un paquete de reformas para fortalecerlo, con el objetivo de empoderar al ciudadano y garantizar que las denuncias de corrupción tengan consecuencias reales. Fue directa al reconocer que el sistema, en su diseño actual, no funciona, no porque la gente no quiera denunciar, sino porque el diseño institucional nunca se pensó para acompañarla, protegerla y responderle.
Es indispensable revisar el marco normativo para asegurar que las personas que denuncian actos indebidos cuenten con mecanismos efectivos, que no les dé miedo y tengan respuesta a sus denuncias; se construyó un sistema pesado, burocrático, lleno de siglas, comités, consejos y cargos honoríficos que, en la práctica, alejaron al ciudadano; se llenaron espacios con perfiles sin compromiso real, más interesados en el ingreso mensual que en construir una política pública seria contra la corrupción. Se perdió tiempo valioso negociando posiciones, cuotas y equilibrios, mientras el problema seguía intacto.
En el país se crearon 33 sistemas anticorrupción: uno nacional y 32 estatales. Todos existen en la ley, pero la mayoría no opera para la ciudadanía.
Los diagnósticos oficiales y académicos coinciden en los mismos problemas: comités de participación ciudadana incompletos o sin actividad constante; perfiles sin la capacidad técnica ni la independencia necesarias; denuncias que no tienen seguimiento; plataformas digitales incompletas o desactualizadas; y, sobre todo, la ausencia de sanciones derivadas de las denuncias ciudadanas, además de una débil coordinación entre auditorías, fiscalías y tribunales administrativos.
En términos prácticos, el Sistema Nacional Anticorrupción opera, pero sin el impacto que prometía su diseño. La arquitectura institucional existe, pero no logra traducirse en resultados visibles ni en consecuencias reales frente a los actos de corrupción.
La conclusión incómoda es clara: no falló la idea de crear sistemas anticorrupción, falló su ejecución. Se apostó a construir estructuras, repartir cargos y cumplir con la armonización legislativa, pero se dejó de lado lo esencial: colocar al ciudadano denunciante en el centro y garantizar que denunciar sirva para algo.
Por eso, cuando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reformar y fortalecer el sistema anticorrupción, no propone algo nuevo; reconoce una realidad que no ha funcionado de manera eficaz para la ciudadanía y la necesidad urgente de corregir el rumbo.
La reforma no será mágica ni inmediata. Fortalecer al Sistema Anticorrupción implica revisar perfiles, eliminar simulaciones, coordinar mejor a las instituciones y cerrar la brecha entre la ley y la realidad.
El pueblo no pide discursos perfectos ni sistemas de papel. Pide que las cosas funcionen. Que el que roba responda. Que el que denuncia no sea castigado. Que la corrupción deje de ser paisaje cotidiano.
Si la reforma logra eso, si de verdad pone al ciudadano en el centro y convierte la denuncia en una herramienta con dientes, entonces sí, el sistema anticorrupción dejará de ser promesa y empezará a ser realidad.
Y cuando eso pase, créanme, el barrio lo va a respaldar.
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