En Hidalgo, el compliance, o como le decimos en el barrio: “cumplimiento normativo”, deja de ser un concepto exclusivo de gestión de calidad del sector privado para consolidarse sin ser un sueño guajiro en la gestión pública, se adopta este enfoque como una herramienta aliada para fortalecer la ética la legalidad y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental.

El “public compliance” tiene por objetivo principal responder a la demandada ciudadana de evitar cualquier tipo de conducta ilegal o inmoral por parte del gobierno o de sus empleados, el fin es cumplir con las normas.

El Gobierno de la transformación con las pilas puestas cumple con cada uno de los principios que el compliance exige, y hasta le pone sello propio, pocas veces en la historia reciente se tiene la oportunidad de ver cómo un gobierno estatal le entra, en serio, a ordenar la casa, no se trata de barnices ni discursos huecos, son acciones estructurales, de esas que no brillan en la tele pero transforman la forma de servirle al pueblo; en Hidalgo, bajo la conducción de Julio Menchaca, se de una transformación que puede parecer silenciosa pero que es profundamente revolucionaria, centralizar el servicio público en solo cinco edificios estratégicos.

Imaginen esto, antes, la administración estatal operaba en más de 200 espacios dispersos, oficinas alquiladas, archivos extraviados, servidores públicos desconectados, tecnologías fragmentadas, gasto corriente inflado, ahora, en vez de ese caos, el plan es claro: cinco puntos neurálgicos bien planeados, sustentables, propios, eficientes.El Palacio de Gobierno, con vocación política e institucional; lo que era la Casa de Gobierno, que ahora se transforma para fines ciudadanos; las Torres Administrativas del Centro de Atención al Pueblo, donde se agrupa lo esencial del servicio;el Centro Minero, con visión estratégica para la reactivación económica; el Complejo de Contraloría, una joya de la fiscalización moderna.

Este último merece un apartado especial, concentra las áreas de vigilancia, evaluación y transparencia y encarna lo que en el mundo se llama compliance: el cumplimiento normativo, ético y ambiental como columna vertebral del ejercicio público, se cuidan los recursos, se cuida también la integridad del funcionario y del ciudadano, hay infraestructura para hacer auditorías remotas, trazabilidad de expedientes, archivos digitales, sistemas interoperables y espacios dignos para quienes sirven.

Esto no es casualidad, tiene todo que ver con el rumbo que ya plantea el nuevo gobierno federal, Claudia Sheinbaum ya presentó su paquete de reformas para limpiar el aparato público de ineficiencia y corrupción, vienen con fuerza la Ley Antiburocracia, la Ley de Digitalización, la nueva Ley de Obra Pública, la Ley de Transparencia y la de Responsabilidades Administrativas, un nuevo andamiaje legal que busca un gobierno austero, honesto y funcional.

En Hidalgo, Julio Menchaca se adelanta al modelo, planea como se planea en serio: con visión, con datos, con presupuesto responsable, porque para cumplir la ley no basta con buenos deseos, se necesita infraestructura, es imposible hablar de cumplimiento normativo si el servidor público está arrinconado en una oficina sin red, sin archivo, sin accesibilidad y sin condiciones mínimas de integridad.

Aquí entra otra palabra clave: gobernanza, no es lo mismo gobernar desde la dispersión que desde la estrategia, tener todo el gobierno en cinco polos no solo baja costos, genera coordinación, evita duplicidades, mejora el trato al pueblo, permite monitoreo en tiempo real y libera recursos que antes se iban en rentas, traslados o mantenimiento de espacios improvisados.Esto es justicia administrativa, es ver al ciudadano como eje del sistema, no como víctima de trámites interminables, es transformar al gobierno en un ente que responde, no que se esconde, que documenta, no que improvisa, que planea, no que apaga fuegos.Por eso, cuando vemos este tipo de apuestas en Hidalgo, vale la pena decirlo fuerte, el gobierno sí planea para durar, no para salir del paso, porque mientras unos piensan en el siguiente cargo, otros piensan en el siguiente ciudadano.

El compliance y el gobierno comparten un objetivo común: garantizar el cumplimiento normativo, la legalidad y la integridad en la gestión pública.

Los "Compliance Officer" en términos coloquiales "oficiales de cumplimiento y ética" (artículo 25 de la Ley de responsabilidades) se especializa en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, supervisa y sensibiliza para guiar y evitar cualquier beneficio indebido o actuación bajo conflicto de interés, con facultades para aplicar la Ley, identificar riesgos, profesionalizar la función fiscalizadora y anticipar problemas antes de que se materialicen, promueve gobiernos más eficientes, íntegros y cercanos a la ciudadanía.

En fin, no queda duda, el gobierno se aplica, en materia de Compliance estamos más que aprobados, y no es casualidad porque en el gobierno de Julio Menchaca, sacar 10 es la regla, no se improvisa, se planea, vigila y actúa con integridad, hacer las cosas bien no es solo un compromiso, ¡es el sello!

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