Hubo un tiempo en que los tribunales en Estados Unidos fueron el dique contra la injusticia, incluso cuando esta venía disfrazada de legalidad. Fue la Corte Suprema la que en Brown vs. Board of Education abrió la puerta al fin de la segregación racial en las escuelas públicas. Fue gracias a jueces federales que se detuvieron deportaciones masivas, se protegieron los derechos reproductivos, se frenaron políticas discriminatorias contra personas LGBTQ+, y se garantizó el acceso igualitario al voto. Todo eso fue posible por una figura clave: el judicial review, esa facultad del Poder Judicial para contener al Ejecutivo cuando este pretende ir más allá de los límites que impone la Constitución.
Esa tradición ha empezado a resquebrajarse. Hace unos días, en una decisión de mayoría conservadora, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos restringió el uso de suspensiones nacionales por parte de jueces de menor jerarquía. En otras palabras, si el gobierno federal emite una política que vulnera derechos, los jueces ya no podrán suspenderla con efectos generales. La contención se fragmenta. La justicia se atomiza. Y el poder, como el agua, comienza a escurrirse por los bordes del equilibrio institucional.
La jueza Ketanji Brown Jackson, en un voto disidente que debería leerse en voz alta en todas las escuelas de derecho del continente, lo advirtió con claridad: “Esto es una amenaza existencial al estado de derecho… así es como se desmantela una república”. Porque cuando los jueces ya no pueden detener los actos del Ejecutivo antes de que causen daño, el Derecho se convierte en una promesa pospuesta. Y cuando la justicia deja de ser oportuna, deja de ser justicia.
No es solo un debate técnico. Es una decisión que afecta de forma directa a las minorías, a los más vulnerables, a quienes no pueden esperar años para que una sentencia individual repare el daño. ¿Qué ocurre si se separan familias en la frontera? ¿Si se elimina una protección ambiental que afecta a pueblos originarios? ¿Si se cancela una política de salud que beneficia a mujeres de bajos recursos? Sin suspensiones eficaces, el daño ocurre primero. El juicio llega después. Y a veces, nunca.
México debe mirar este retroceso con precaución. Nuestro sistema de amparo, con todos sus retos, sigue siendo una herramienta poderosa de protección anticipada. Limitarlo, sería replicar un error cuyo costo se mide en derechos vulnerados, no en estadísticas administrativas.
La república no se defiende sola. Requiere jueces valientes, ciudadanía vigilante y gobiernos que entiendan que el poder más legítimo es el que se sabe contenido. Porque el día en que los jueces dejen de detener al poder, ya no será la república la que nos gobierne, sino la voluntad desnuda del mando.