Millones usamos Android sin pensar quién pone las reglas detrás de cada descarga. Abrimos Google Play, elegimos una aplicación y pagamos. Parece simple. No siempre lo es.
El 18 de agosto, el juez federal estadounidense James Donato aprobó el acuerdo entre Google y los fiscales generales de los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La demanda acusó a Google de cerrar el paso a tiendas rivales, controlar los pagos en Google Play y cobrar comisiones de hasta 30 por ciento.
Google aceptó pagar 700 millones de dólares: 630 millones a consumidores y 70 millones a los estados. También deberá admitir otros sistemas de pago y descarga, y permitir que los desarrolladores informen sobre precios menores fuera de la plataforma.
El acuerdo no declaró responsable a Google. La empresa no reconoció una infracción. El tribunal aprobó una solución negociada y la convirtió en sentencia final.
Como lo hemos señalado en este mismo espacio, regular en exceso la inteligencia artificial puede frenar la innovación y condenarnos a consumir lo que otros producen. Eso no significa dejar hacer. Un monopolio también la mata cuando decide quién entra, cómo cobra y en qué condiciones se compite.
No necesitamos una ley para cada aplicación, sino reglas generales y autoridades que actúen ante hechos concretos. El Derecho avanza también caso por caso. Los tribunales interpretan, fijan límites y construyen criterios que, al cumplir los requisitos legales, se vuelven precedentes y jurisprudencia. Y eso también es Derecho.
Urge preparar a jueces y magistrados federales en mercados digitales, algoritmos, datos y economía de plataformas. La Escuela Nacional de Formación Judicial debe darles prioridad. Un juzgador no necesita programar, pero sí entender el poder detrás del código.
La otra enseñanza es la fuerza colectiva. Ningún usuario habría sostenido cinco años un litigio contra Google por unos dólares. Las fiscalías reunieron afectaciones dispersas y las volvieron un asunto público. El Estado equilibró una relación desigual.
En México, esa tarea corresponde a la Profeco y a la Comisión Nacional Antimonopolio. Ambas pueden promover acciones colectivas. Necesitan presupuesto, especialistas y capacidad para enfrentar a corporaciones que rebasan a cualquier consumidor.
También debemos robustecer el marco normativo. Las leyes de consumo, competencia y procedimientos civiles deben hablar el mismo idioma y ofrecer una ruta sencilla. Si una plataforma puede identificar a los afectados con sus registros, la reparación debería ser automática: sin formularios, pruebas repetidas ni otro juicio para cobrar lo ya reconocido.
Regular bien no persigue a la tecnología. Es impedir que la innovación sirva para abusar del usuario. Hacen falta instituciones preparadas, procesos simples y jueces capaces de llevar el Derecho hasta quienes parecían intocables.