En 2018 participé, junto al entonces senador Julio Menchaca Salazar, actor central en las mesas de transición sobre justicia del nuevo gobierno, en un momento decisivo: destrabar la creación de la Fiscalía General de la República. Era indispensable transformar una PGR agotada, rebasada e incapaz de responder a la violencia y la impunidad que marcaban al país.
La Exposición de Motivos de la iniciativa lo señalaba con claridad: investigaciones fragmentadas, ausencia de estrategia, métodos obsoletos, deficiencias en la atención a víctimas y un deterioro profundo de la confianza ciudadana. Para corregir ese panorama, se planteó un rediseño integral basado en autonomía constitucional real, profesionalización, flexibilidad operativa y un enfoque transversal de derechos humanos. No era una reforma menor, sino la reconstrucción del diseño institucional de la procuración de justicia.
Uno de los ejes centrales fue el Plan de Persecución Penal, concebido como el instrumento rector de la nueva Fiscalía. Debía ordenar prioridades, analizar la incidencia delictiva, establecer metas verificables y definir el despliegue territorial. Junto a ello, se diseñaron unidades de análisis estratégico, equipos mixtos y grupos interinstitucionales para identificar patrones criminales, estudiar contextos y enfrentar fenómenos complejos como delincuencia organizada, corrupción, desapariciones, trata y violencia de género.
Ese modelo contempló, además, un Servicio Profesional de Carrera, fiscalías especializadas, órganos de control y mecanismos de participación ciudadana. Se buscaba dejar atrás la rigidez de la PGR y sustituirla por una institución moderna, flexible y transparente, capaz de investigar con estándares profesionales y proteger los derechos de las víctimas.
Sin embargo, la implementación posterior enfrentó limitaciones, ya que varios de los mecanismos previstos por la ley —el despliegue efectivo del Plan de Persecución Penal, la coordinación interinstitucional, la consolidación del Servicio de Carrera y la operatividad de los controles internos— no alcanzaron la profundidad originalmente buscada. La arquitectura existía; su ejecución quedó incompleta.
La transición actual en la FGR cierra ese ciclo y abre la posibilidad de completar la renovación institucional prevista desde 2018. En este marco, la decisión del Senado de la República y del Ejecutivo Federal para dar curso al relevo permite reactivar el espíritu original de la reforma. La determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de transformar a los organismos de procuración de justicia, comenzando por la FGR, representa una oportunidad para imprimir dirección técnica, fortalecer la investigación estratégica y consolidar una política criminal centrada en resultados y atención a víctimas.
Así, con un relevo ordenado y un marco legal sólido, se abre la posibilidad de convertir la arquitectura diseñada en la transición en una realidad operativa. Porque la justicia, cuando encuentra un nuevo equilibrio, fortalece a la República.
La creación de la Fiscalía General de la República en 2018 buscó reemplazar a una PGR rebasada mediante un rediseño institucional basado en autonomía.