Hace unos días, el 7 de junio, se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión, fecha en la que se busca, ahora, revisar si se ha respetado o no ese derecho, principalmente hacia las personas comunicadoras, pero de forma especial a las mujeres periodistas.

Para atender la situación que presentan las profesionistas en el ejercicio de su labor, se realizó en el año 2018, el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y se publicó en el Diario Oficial.

El documento señala que “las agresiones en contra de periodistas requieren investigaciones con un enfoque especializado que permita al sistema de justicia contar con herramientas adecuadas para obtener resultados óptimos y determinar si la agresión sufrida fue por el ejercicio de su labor periodística o por una causa distinta”.

Este Protocolo, señala la Agencia de Comunicación e Información para las Mujeres (CIMAC), es un documento que contiene prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de delitos cometidos contra la libertad de expresión, y los principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima.

Todo lo anterior es con relación a las y los periodistas, sin embargo, existen protocolos con perspectiva de género, así que se deben considerar los factores de vulnerabilidad adicional que se presente en la agresión.

También se tienen que aplicar los protocolos en materia de investigación sexual.

Ante las afectaciones que han tenido las periodistas, CIMAC elaboró el estudio “Voces en resistencia. Impactos de la violencia en la vida de las periodistas”.

Algunos de los resultados del estudio señalan que las causas principales de la violencia es la ejercida por actores públicos, privados o incluso dentro del mismo gremio; condiciones laborales precarias y afectaciones psicológicas derivadas de ejercer el periodismo en un contexto de violencia sociopolítica.

Un apartado especial de “Voces en resistencia” es el Desplazamiento forzado ya que se muestra que el 45.5 por ciento de las periodistas entrevistadas han tenido que dejar su lugar de residencia para salvaguardar su integridad. De este porcentaje actualmente el 18.2 sigue viviendo fuera de su ciudad.

Como resultado, el 36.4 por ciento de las periodistas que han vivido desplazamiento forzado, ha considerado dejar de ejercer el periodismo por las amenazas y la violencia. El 27.3 lo está considerando actualmente.

Lo cierto es que… Vaya cada 7 de junio para dejar de lado la celebración, los desayunos para que las autoridades saluden a los emporios periodísticos y mejor analicemos por qué se cometen las violencias y proteger a las periodistas. Nada qué celebrar.

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