En Hidalgo el aborto es legal hasta las primeras 12 semanas de embarazo, siempre que la decisión sea libre y voluntaria, sin coerción de terceros. Después de ese tiempo, sólo se permite en situaciones excepcionales.
En 2021, tras una propuesta (dictamen 150), el Congreso de Hidalgo aprobó la modificación del Código Penal y la Ley de Salud permitiendo la interrupción del embarazo bajo causales amplias. Ahora se le conoce como la ley Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El decreto se publicó en julio del mismo año, y entró en vigor poco tiempo después.
A pesar de la despenalización, las luchas por el acceso real y efectivo al aborto continúan.
Las barreras en las zonas rurales, la falta de información, y los prejuicios dentro del personal médico siguen siendo desafíos para las mujeres gestantes que buscan ejercer su derecho.
Pero fue en 2019 cuando la LXIV legislatura del Congreso se presentó el dictamen 154, que buscaba despenalizar y legalizar el aborto efectivo hasta el primer trimestre, pero fue rechazado el proyecto por la división entre los partidos Morena y la oposición conservadora del PAN.
El aborto seguro y legal no es sólo una demanda moral o política: es un componente esencial de los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes. Reconocerlo y garantizarlo significa proteger la salud, la vida y la autonomía.
Y claro, los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos y se refieren a la libertad de todas las personas para decidir de manera libre, responsable e informada.
Estos derechos están reconocidos en la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y en acuerdos internacionales como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual segura y satisfactoria, junto con la libertad para decidir si tener hijas o hijos y cuándo hacerlo.
Las prohibiciones no reducen el número de abortos, sólo aumentan su inseguridad. En cambio, los países que han legalizado y garantizado el acceso al aborto muestran menos complicaciones médicas y mayor bienestar para las mujeres.
El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo que se conecta con la salud sexual, la autonomía, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. Garantizarlo significa salvar vidas, proteger la dignidad y ofrecer a mujeres gestantes la posibilidad de decidir libremente sobre su futuro.
Lo cierto es que… El acceso a un aborto seguro y legal protege directamente la salud, la vida y la integridad física y emocional de mujeres y personas gestantes.
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