Durante el fin de semana, la autoridad judicial de Hidalgo vinculó a proceso a dos individuos detenidos el pasado 12 de febrero en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula de Allende; mientras que 31 personas aún están en espera de la resolución de su situación jurídica.

Así lo informó Francisco Ángel Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quien detalló, que a los primeros dos individuos se les acusó por portación de armas de fuego y narcomenudeo con fines de suministro. Ambos están en prisión preventiva justificada.

Una persona más es investigada por desobediencia y resistencia de particulares, pandilla, así como portación de armas de fuego; mientras que los otros 30 detenidos solo fueron acusados por desobediencia, resistencia de particulares y pandilla.

Si bien, los 31 mencionados también permanecen en prisión preventiva justificada como parte de la medida cautelar, aún no reciben una vinculación porque solicitaron 144 horas para resolver su asunto, por lo que su audiencia se reanudará el 19 de febrero.

Además de dichos casos, Fernández Hasbun detalló que hay dos carpetas de investigación más por lesiones y delitos contra la libertad de expresión a causa de agresiones que recibieron comunicadores de la región de Tula, así como denuncias por afectaciones a seis patrullas que resguardaban la zona al momento del cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La intervención de la Procuraduría de Hidalgo ocurrió luego de que el pasado 11 de febrero recibió una solicitud de colaboración del personal ministerial de la Fiscalía mexiquense.

Un día después se cumplió la ejecución de la orden judicial 40/2026 con motivo de levantar el aseguramiento del inmueble donde se ubica la planta cementera y realizar la devolución de las instalaciones.

Fernández Hasbun puntualizó que lo único que realizó la PGJEH fue gestionar el acompañamiento de elementos de la policía estatal de Hidalgo para asegurar el perímetro y por ahora, en los procesos judiciales contra los 33 detenidos.

Finalmente, argumentó que las colaboraciones son actividades comunes que se realizan previo convenio con otros estados y que tan solo el año pasado, la Procuraduría de Hidalgo solicito 853 y 178 más en lo que va de 2026.

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