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Habitantes de la colonia Villas de Sahagún reiteraron su rechazo al proyecto que contempla la construcción de 410 departamentos como parte del Programa de Vivienda del Bienestar, al señalar que ya se encuentran en curso acciones legales para frenar la edificación y que, además, se alista un nuevo amparo de carácter colectivo.
De acuerdo con vecinos inconformes, el predio donde se pretende levantar el conjunto habitacional forma parte de una franja considerada reserva ecológica, situación que —aseguran— ha sido expuesta ante distintas instancias sin que hasta ahora se haya detenido la obra.
Uno de los colonos explicó que el pasado 22 de agosto de 2025 se envió un oficio a la alcaldía de Tepeapulco en el que se advierte que dicha franja fue definida como área ecológica desde el ordenamiento territorial de Ciudad Sahagún. En ese espacio, añadió, se sembraron más de cinco mil árboles con la finalidad de reducir el impacto ambiental en la zona.
Entre los principales señalamientos contra el proyecto también se encuentra la cercanía del desarrollo con torres de alta tensión, lo que, a decir de los vecinos, contravendría los criterios de seguridad relacionados con la servidumbre de paso de líneas eléctricas. A ello se suman posibles afectaciones a los servicios básicos, así como preocupaciones en materia de seguridad pública.
Ante estas presuntas irregularidades, los habitantes realizaron una manifestación e incluso intentaron detener los trabajos; sin embargo, la obra continuó. Posteriormente, acudieron a instancias legales y promovieron dos amparos, de los cuales uno permanece vigente y está a nombre de un particular. No obstante, informaron que actualmente se prepara un recurso legal colectivo, ya que la mayoría de la colonia se mantiene en contra del proyecto.
Los inconformes señalaron que, hasta el momento, ninguna autoridad ni actuario ha procedido a la clausura de la construcción, por lo que continuarán con las denuncias de manera conjunta para evidenciar las presuntas anomalías.
Finalmente, consideraron necesario que se realice una revisión exhaustiva de los contratos y proyectos vinculados al Programa de Vivienda del Bienestar, al advertir que desde el inicio se percibió entre la población una posible colusión entre autoridades municipales y estatales para favorecer intereses económicos particulares.
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