El juicio por el presunto triple feminicidio ocurrido en la localidad de San Isidro, en el municipio de Santiago Tulantepec en 2024, entró en una etapa decisiva luego de que el tribunal resolviera excluir tres testimonios considerados clave para el caso.
En más reciente audiencia, los jueces determinaron en unanimidad desistir del testimonio de Mónica Sepúlveda, madre de una de las víctimas, debido a que no ha mantenido comunicación con las autoridades ni con su defensa legal y tampoco ha asistido a las audiencias, aun cuando contaba con autorización para participar de manera remota desde Tijuana.
La defensa de las víctimas solicitó un nuevo aplazamiento con el objetivo de intentar localizarla nuevamente; sin embargo, el tribunal rechazó la petición y ordenó retirar su declaración del conjunto de pruebas que serán valoradas para dictar sentencia.
A la decisión se suma la exclusión de una agente pericial que tampoco acudió a testificar; asimismo, una persona menor de edad, cuyo testimonio había sido considerado relevante para el caso, ya no comparecerá. En esta ocasión fue la propia agente del Ministerio Público quien desistió de su participación.
Conforme a la legislación, la prisión preventiva en la que permanecen los imputados vencerá el 11 de agosto, por lo que antes de esa fecha deberá existir una resolución judicial, ya que la ley prohíbe mantener a una persona en prisión preventiva por más de dos años sin sentencia. En caso de que el tribunal no emita un fallo condenatorio antes de esa fecha, los acusados podrían solicitar la modificación de su medida cautelar.
Tras la audiencia, la Colectiva Feminista Mujeres del Tule emitió un posicionamiento en el que señaló que el proceso se encuentra en un momento “crítico y doloroso” y denunció una presunta dilación y falta absoluta de perspectiva de género por parte del Poder Judicial.
“Mientras el aparato estatal celebra avances en algunas regiones del estado (la sentencia de 172 años de prisión del expolicía Marco N. feminicida de Rosaura), en Tulancingo seguimos exigiendo justicia para nuestras hermanas Daniela, Josselyn, Lupita y su bebé”.
El colectivo recordó que a finales de este mes se cumplirán dos años del triple feminicidio y del aborto forzado, y advirtió que el vencimiento de la prisión preventiva podría representar un riesgo para el avance del proceso.