El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) amonestó públicamente al presidente municipal de Zempoala, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, y le advirtió que, de continuar el incumplimiento de la sentencia, podría ser arrestado por 36 horas o acreedor de una multa, por su negativa de entregar información solicitada por la síndica hacendaria Guadalupe Karla Mariana Gutiérrez Gutiérrez.
En la sentencia del juicio ciudadano TEEH-JDC-066/2026, emitida el 16 de julio de 2026, el órgano jurisdiccional determinó que la síndica tenía razón en su denuncia y ordenó al presidente, a la Secretaría de Tesorería y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Zempoala dar cumplimiento a diversas solicitudes de información.
De acuerdo con la sentencia del TEEH, la síndica presentó 25 solicitudes de información entre septiembre y diciembre de 2025, así como marzo y abril de 2026, dirigidas a distintas autoridades del ayuntamiento.
Entre los requerimientos formulados al presidente municipal se encuentra información sobre ingresos y egresos del municipio, en ejercicio de sus atribuciones como síndica hacendaria.
También pidió información sobre los ingresos y egresos, con sus respectivos soportes técnicos de la Feria de Zempoala 2025, para realizar el análisis correspondiente desde la Comisión de Hacienda.
El Tribunal Electoral dio tres días hábiles al presidente municipal emanado del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) para que entregue la información solicitada.
El ayuntamiento de Zempoala rechazó que el presidente municipal, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, “se haya negado deliberadamente a entregar la información” solicitada por la síndica hacendaria y sostuvo que cuenta con documentación para comprobar que atendió los requerimientos.
A través de un comunicado, el gobierno municipal reiteró su respeto a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales y señaló que atenderá las determinaciones que legalmente correspondan.
Respecto a la posibilidad de un arresto de hasta 36 horas, precisó que el apercibimiento establecido por el Tribunal Electoral constituye una advertencia sobre una posible medida de apremio ante un eventual incumplimiento
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