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El subsecretario de Gobierno en la Huasteca, Ignacio Primitivo Nava Navarrete, afirmó que los recursos públicos deben aplicarse principalmente en obra pública, conforme a lo establecido en la ley.
Señaló que ni la Ley Orgánica Municipal ni los presupuestos contemplan apoyos para celebraciones religiosas o comunitarias. Indicó que hasta ahora no ha encontrado disposición legal que lo permita, aunque dijo que hay respeto hacia las prácticas de los pueblos originarios.
“El Estado asume que debe respetarse lo que la propia ley establece respecto a los pueblos originarios”, expresó.
Explicó que ya no utiliza el término "usos y costumbres", ya que la Constitución reconoce otras formas para resolver conflictos, como el uso de firmas. Agregó que no emitiría juicio sobre si esas prácticas son legales o no, pues son acciones que se han realizado históricamente y no son exclusivas de esta administración.
Detalló que cada municipio debe apoyar en función de sus capacidades, pero insistió en que la mayor parte de los recursos debe destinarse a obra pública.
Respecto a las solicitudes de recursos por parte de comunidades, dijo que corresponde a los ciudadanos evaluar si son justificadas. “No me corresponde decir si es exagerado o no, eso le toca a la gente de Yahualica”, señaló.
Sobre los casos de retención de personal de la Comisión Federal de Electricidad por fallas en el suministro eléctrico, mencionó que las comunidades deben ser conscientes de la alta demanda de energía durante la temporada de calor.
Indicó que el gobierno solo interviene cuando la CFE lo solicita, para evitar conflictos innecesarios. Lo mismo aplica en situaciones comunitarias: si no hay una petición directa, no intervienen.
“Esto no es una cuestión de tolerancia, sino de diálogo entre las partes”, añadió.
Sobre la retención de la presidenta municipal de Yahualica, señaló que es ella quien debe actuar, ya que los daños son al municipio.
Finalmente, informó que desde el lunes el oficial mayor Evaristo Ontiveros Sánchez permanece retenido en la comunidad de Mecatlán. Se le acusa de haber ordenado la reapertura de la presidencia municipal.
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Indicó que la responsabilidad de denunciar corresponde a la alcaldesa, pues el inmueble es propiedad del municipio. Mencionó que el funcionario estaba por ser liberado mediante una multa, pero la comunidad exigió la presencia de la presidenta.
Nava Navarrete consideró que acudir representa un riesgo, debido a antecedentes de retenciones en esa localidad para exigir recursos.
