, que presuntamente eran explotados laboralmente; decenas de arrendatarios que utilizaban sus propiedades para brindarles el servicio a migrantes, dejarán de hacerlo.

En entrevista con ; Marisol Santos quien posee una casa en el fraccionamiento Florencio, indicó que dejará de realizar esta actividad de arrendamiento a extranjeros por temor a que su casa sea asegurada, como sucedió en el inmueble que fue cateado en Tizayuca.

Este diario informó que durante la estancia de miles de migrantes en este municipio hidalguense las rentas de viviendas aumentaron significativamente; los propietarios cobraban hasta mil 500 por persona de renta y podrían vivir hasta 10 personas en una pequeña casa, lo que significaba 15 mil pesos de alquiler mensual, cuando en promedio antes oscilaban entre los tres y cinco mil pesos.

Aunado a los múltiples operativos que ha realizado el Instituto Nacional de Migración (INM), en diversas partes del municipio; lo que ha llevado a los migrantes de otros países, a seguir su camino o elegir otros municipios del Estado de México, para residir mientras esperan su cita, para la visa humanitaria.

El inmueble que fue cateado por personal de migración, policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano donde se rescató a las 22 personas entre ellas 3 menores; fue asegurado por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y está prohibido su ingreso, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

En el exterior del inmueble de tres pisos se podía leer “se rentan habitaciones solo para gente extranjera”.

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