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La madrugada del 12 de febrero dejó 33 detenidos y un nuevo capítulo en la disputa por el control de la planta cementera de La Cruz Azul en Tula. Dos semanas después, 23 de ellos abandonarán la prisión, aunque bajo estrictas condiciones judiciales que limitarán sus movimientos y su vínculo con la empresa.
En audiencia de control, un juez concedió la suspensión condicional del proceso a la mayoría de los cooperativistas arrestados tras el operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La medida representa una salida alterna al juicio penal: no implica absolución, pero abre la puerta a extinguir la acción penal si los imputados cumplen con una serie de obligaciones durante los próximos dos años.
Entre las restricciones impuestas destaca la prohibición de acercarse a cualquiera de las instalaciones de la cooperativa: la planta de Hidalgo, Lagunas en Oaxaca, Palmar de Bravo en Puebla, el complejo de Aguascalientes y las oficinas corporativas en Ciudad de México. Tampoco podrán salir del estado de Hidalgo y deberán residir en el domicilio registrado ante la autoridad judicial.

El juez también ordenó que los beneficiarios presten servicio comunitario a favor del ayuntamiento de Tula durante tres horas a la semana, se sometan a la supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares y acudan a firmar cada 15 días. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones reactivaría el proceso penal en su contra.
La suspensión condicional busca privilegiar la reparación del daño a la parte afectada y evitar un juicio prolongado. Si los cooperativistas cumplen con lo establecido, el caso podría cerrarse de manera definitiva; de lo contrario, enfrentarían nuevamente la acusación ante los tribunales.
El operativo que detonó las detenciones se realizó en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Jasso, Tula, con la participación de al menos 400 elementos de Seguridad estatal que brindaron resguardo perimetral. La diligencia tenía como objetivo restituir el control de la planta al grupo encabezado por Víctor Velázquez, en medio de la pugna interna que mantiene con el bloque afín a Guillermo Álvarez por los activos de la cementera.

Mientras autoridades mexiquenses sostienen que la intervención se realizó conforme a derecho, cooperativistas hidalguenses han señalado presuntas irregularidades, entre ellas la existencia de un amparo que —afirman— les otorgaba la custodia legal de las instalaciones.
La confrontación entre trabajadores y fuerzas de seguridad derivó en la detención de 33 personas. Con la reciente resolución judicial, 23 enfrentarán el proceso en libertad, pero bajo condiciones que los mantendrán lejos de la empresa que, hasta hace unos días, defendían.
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