Luego de que el pasado 2 de agosto se denunciara la desaparición de restos humanos que permanecían bajo resguardo en el Panteón Municipal San Miguel de Tulancingo, el secretario de Servicios Municipales, Alberto Santuario, informó que actualmente existen dos carpetas de investigación relacionadas con el caso: una iniciada por una ciudadana y otra promovida por el gobierno municipal.
El funcionario explicó que, tras conocer la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el municipio también inició el procedimiento correspondiente para contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar quién pudiera tener alguna responsabilidad.
“Hasta el momento, no existe certeza sobre cuándo pudieron haber ocurrido los hechos. La ausencia de los restos pudo haberse registrado recientemente o incluso meses o años atrás, hasta que fue detectada por la persona que presentó la denuncia”, señaló.
Agregó que para el ayuntamiento también es importante conocer lo ocurrido y que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
La familia que denunció la extracción de restos presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde se integró la carpeta de investigación N-12-CAR-2026-00723.
Por su parte, el gobierno municipal de Tulancingo presentó su propia denuncia ante la autoridad ministerial competente y anunció el fortalecimiento de las acciones de regularización, así como de las medidas de vigilancia y el cumplimiento estricto de los horarios de acceso al cementerio.
Santuario explicó que ambas carpetas avanzan en el ámbito ministerial y que corresponde al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió.
Por ello, indicó que el ayuntamiento mantiene limitada la información que puede proporcionar, con el propósito de evitar que algún dato sensible interfiera con las investigaciones.
El secretario informó que el municipio también trabajará en la integración de un censo de espacios del panteón, con el objetivo de conocer quiénes cuentan con derechos sobre cada lugar y qué documentación los acredita.
Explicó que la creación y actualización de libros y archivos históricos permitiría contar con información objetiva y reducir posibles conflictos entre familias que, al momento de requerir un espacio, no cuentan con documentos suficientes para acreditar sus derechos.
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