A siete años de la explosión que cobró la vida de 137 personas en un ducto de Pemex ubicado en los límites de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció que el delito de robo de hidrocarburo se sigue registrando en la entidad, a pesar del “esfuerzo muy grande del gobierno federal, el gobierno estatal y de algunos municipios” por erradicarlo.

“Sí ha continuado esa actividad, pero ha sido también muy intensa la contención por parte del gobierno”, dijo. Incluso, recordó que recientemente la federación asignó al estado un total de 600 elementos militares.

Menchaca Salzar recordó que “lo de Tlahuelilpan fue un caso brutal” e incluso, que “han seguido perdiendo la vida personas que se dedican a esto, porque llevan un producto peligroso”.

De igual manera, reconoció que las actividades ilícitas los llevan a la obtención de recursos y que, a través de estos “pueden socializar con apoyos, así les digo, entre comillas, a comunidades, a personas”.

Lo anterior dificulta la ejecución de órdenes de aprehensión, cateos o en general, las actividades que tienen que realizar los cuerpos de seguridad, ya que indicó que, ante algún operativo, particularmente en la zona de Cuautepec, mandan a mujeres y niños, como escudo.

Tan solo de enero a septiembre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó mil 918 tomas clandestinas, mientras que datos emitidos por el observatorio ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación (IGAVIM) indican que, entre 2024 y el año pasado, la tendencia se mantuvo con más de mil 900 tomas encontradas, lo que significa que cada tres horas y 25 minutos hallan una o es reportada alguna.

No obstante, el gobernador argumentó que continuarán las detenciones de generadores de violencia relacionados con el huachicoleo, el aseguramiento de predios, vehículos, pipas y bidones. Así como la concientización en las personas sobre que estas actividades ponen en riesgo la vida.

Respecto al cumplimiento de la recomendación que emitió el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe en el que responsabilizó a Pemex por omisión en la prevención de la tragedia, Menchaca Salazar dijo que es competencia del gobierno federal.

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