La reciente detención del exalcalde Marcos Miguel N., acusado de participar en el esquema de corrupción conocido como Estafa Siniestra, reavivó en el municipio la exigencia ciudadana de justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el exalcalde que encabezó el gobierno municipal entre 2020 y 2024, es señalado por el presunto desvío de más de 109 millones de pesos provenientes de fondos extraordinarios durante la pandemia de Covid-19. Y se le imputan los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades e incumplimiento de un deber legal agravado.
Para Mariano Aguilar Meneses, representante de la agrupación ciudadana Singuilucan Justicia Social, calificó la acción como “necesaria y esperada”, ante lo que consideró uno de los periodos más turbios en la historia administrativa del municipio.
“Vamos a estar atentos al proceso judicial. No basta con la detención; queremos que el exfuncionario devuelva los más de 100 millones de pesos que le fueron robados al pueblo de Singuilucan”, expresó Aguilar en entrevista con El Universal Hidalgo.
El activista ciudadano recordó que la administración de este exedil fue señalada por obras de baja calidad y proyectos presuntamente realizados en beneficio del alcalde. Estas irregularidades fueron denunciadas ante la Contraloría de Hidalgo, con la exigencia de esclarecer el destino de los fondos públicos.
Aguilar Meneses destacó que el movimiento Singuilucan Justicia Social surgió en 2018, con el propósito de documentar y denunciar actos de corrupción en los tres niveles de gobierno.
Entre sus antecedentes, mencionó que el grupo impulsó acciones ciudadanas durante el mandato del exalcalde José N. (2012-2016), quien fue detenido en octubre de 2023 por el presunto desvío de más de 10 millones de pesos del erario.
Con la captura de dos expresidentes municipales en menos de dos años, Singuilucan se ha convertido en uno de los municipios hidalguenses con mayor número de exalcaldes procesados por presunta corrupción.
Para las organizaciones locales, estas acciones son un reclamo social que exige rendición de cuentas y el resarcimiento de los recursos públicos desviados.
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