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En la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad se tomó el acuerdo para aterrizar la estrategia que se instrumentará en cada entidad para aminorar los delitos del fuero federal y del común desde las causas.
En la reunión 51 que fue encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, los gobernadores y gobernadoras del país acordaron instrumentar medidas específicas para atender a las causas del delito, instrumentar acciones de inteligencia e investigación, fortalecer a las policías estatales y mantener la coordinación con el gobierno federal y las fiscalías y procuradurías estatales, así como con los Tribunales de Justicia.
Para las 32 entidades que integran el país, se fijaron los plazos tanto para la armonización de las Leyes Generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que el 96 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, por lo que se tienen que trabajar con las policías estatales y municipales para que cuenten con el personal capacitado.
Se fijó que a diciembre de 2029 se tienen que incrementar el número de policías de vigilancia y de investigación, así como ministerios públicos por entidad. Y se tiene que presentar un programa de nuevas incorporaciones a partir de 2026.
A partir de enero del siguiente año cada entidad deberá contar con una unidad de investigación enfocada en la extorsión.
Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Gobernación (Segob) pidió a las procuradurías y fiscalías que en el tema de las personas no localizadas se integre una sola carpeta de investigación por cada persona y no una por el hecho, pues esto permitirá contar con información certera de cada víctima.
Luego de instruir la conformación de una Jornada nacional de capacitación y actualización a las fiscalías especializada para la atención de desaparecidos, pidió también a las entidades armonizar la nueva Ley General de Búsqueda con un registro forense adecuado y la participación de los estados.
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