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El Gobierno de Hidalgo inició una investigación formal en contra el ayuntamiento de Huautla y Jorge Alberto Hernández Cortés, presidente municipal, luego de detectar nepotismo en la nómina de la alcaldía.
Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría de Hidalgo, confirmó que la acción se activó tras la difusión pública en medios de comunicación de la nómina municipal, la cual refiere la contratación de familiares directos del alcalde, incluida su esposa, en puestos con altos salarios, por lo que se revisará.
Aunque la autonomía municipal suele limitar las facultades de las instancias, el contralor indicó que la denuncia obligaron a la intervención y la apertura de un expediente para investigar el caso.
La investigación se está enfocando inicialmente en la situación laboral y el parentesco de tres funcionarios clave de la administración de Huautla. Y en la lista se encuentra el titular de Obras Públicas, de Desarrollo Económico y la esposa del edil, quienes mantienen una relación familiar directa con el alcalde.
Se informó que la Secretaría de la Contraloría ya solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) municipal la documentación necesaria, incluyendo nóminas y declaraciones patrimoniales del personal señalado.
De acuerdo con el contralor, "si comprobamos que existe parentesco y una contratación indebida, procederemos a solicitar la destitución de las personas implicadas. Además, podría haber responsabilidad administrativa para el alcalde, pues es quien realizó las contrataciones".
Recordó el precedente de un caso similar en Tulancingo, que culminó con la remoción de funcionarios, como advertencia sobre la seriedad del proceso.
El contralor reiteró un llamado enérgico a todos los presidentes municipales para que respeten la normativa que prohíbe la contratación de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, pues podrían caer en nepotismo.
Las sanciones que se consideran van desde la destitución del cargo, hasta la devolución de los recursos públicos que hayan sido pagados de manera indebida a los servidores públicos contratados.
"El llamado es claro: deben cumplir la ley, y evitar que los recursos públicos sean utilizados para beneficiar a familiares o personas cercanas," concluyó Bardales Ramírez.
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