En Ixmiquilpan, mujer esperó cerca de tres horas con el bebé muerto y con trabajo de parto para que se le practicarán una cesárea en el Hospital Rural No. 30 IMSS-Bienestar, ubicado en la colonia San Javier, del IMSS por falta de personal médico. Su atención estaba a cargo de personal médico que cumplía el servicio social.
De acuerdo con el relato documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba a cargo de esta unidad médica cuando ocurrieron los hechos en 2023, la mujer embarazada requería de urgentemente de una intervención quirúrgica para salvar al bebé que ya estaba por nacer, pero la demora propició el fallecimiento. Ella, desde siete días antes había acudido al hospital arriba descrito, con signos de alerta para recibir atención médica.
En la recomendación emitida el pasado 27 de febrero (10/2026) se describió que el 10 de julio de 2023 comenzó la difícil vivencia de ella. Se describe que adjunto con otra persona, acudieron al Hospital Rural 30 debido a que la víctima presentó pérdida transvaginal de flujo verdoso, pensando que era una infección. Ella refirió que una persona prestadora de servicio social (estudiante de medicina del último semestre) le realizó la exploración física y monitoreo de la frecuencia cardiaca de su bebé, quien concluyó que presentaba 1 centímetro de dilatación cervical y, refirió que al momento de la valoración no se había iniciado el trabajo de parto. Sin embargo, los “datos de su último ultrasonido no eran viables”, por lo que se les indicó practicar otro ultrasonido para que lo presentaran al día siguiente.
El siguiente día acudieron a un médico particular para realizar el ultrasonido, el estudio lo llevaron al hospital. El estadio reveló que era de 2 centímetros la dilatación y no había riesgo. Así pasaron cinco días más, pero al acudir a realizarse un nuevo ultrasonido, se encontró que si había tenía poco líquido amniótico de 2.10 cm, considerando oligohidramnios, por lo que requería una cesárea de emergencia, se les alertó en la unidad privada.
De inmediato, la mujer y su acompañante se trasladaron al Hospital Rural 30, ubicado en la colonia San Javier. Tras la espera, fue valorada por el mismo personal médico residente de las ocasiones anteriores.
Luego de revisar el ultrasonido le comentó que “el peso del bebé no era fiable”, indicando practicarle otro ultrasonido obstétrico en ese Hospital. Se describió que al realizarle una exploración física se le reportó que “el bebé estaba bien”, con frecuencia cardiaca 122, y 2 cm de dilatación sin borramiento. A pesar de la emergencia el estudio recomendado, que no se aclara el motivo de la nueva petición, se demoró.
Después de aproximadamente una hora de espera para realizar el ultrasonido, finalmente se le práctico, pero para este momento, se le informó de la muerte fetal. La demora cobró la vida del bebé.
Pero la situación no paró ahí, pues si bien ella había ingresado al Hospital cerca de las 9:20 horas, a las 11 horas del mismo día, la mujer fue ingresada al servicio de Urgencias del Hospital Rural 30 para una cesárea. Pero se refieren que firmó la autorización de procedimiento quirúrgico sin que se le explicará debidamente los riesgos que esta tendría.
Aún con el dolor de tipo obstétrico, esperó 3 horas más a que le fuera realizado el procedimiento por la falta de personal médico completo en ese hospital. Al paso del tiempo, se le informó que la trasladarían al Hospital General del Valle del Mezquital, unidad dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo (SSH) porque ahí sí contaban con el personal.
El traslado demoró 30 minutos más, pues la titular de la Dirección del Hospital Rural 30 no se encontraba y el traslado se retrasó para esperar a que se firmará la documentación. Finalmente al llegar con la refencia de la situación se logró la atención de la mujer, quien tras recuperarse parcialmente acudió a presentar su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En su dictamen la CNDH expuso que la gestante es una mujer indígena, perteneciente al pueblo Otomí, y no se le explicó la situación real por la que atravesaba. Se destacó que la paciente cursó con infección de vías urinarias y del canal vaginal en el octavo mes del embarazo, pero no fue tratado, y no se contaron con antecedentes de la atención perinatal, misma que se corrobora con la Opinión Especializada en Materia de Medicina que emitió esta CNDH.
Se añade que en desde la visita del 10 de julio, el ultrasonido indicaba alrededor de 38 semanas de embarazo, con placenta y líquido amniótico normales y un bebé más grande de lo esperado para su edad gestacional, y a pesar de esto, decidieron enviarla a su casa, por lo que se concluyó que la atención fue inadecuada, amén de que los estudios, incluso las semanas de gestación fueron mal interpretadas.
“(…) la carencia de personal de salud, (…), genera de manera significativa que estudiantes de medicina o de alguna especialidad presten el servicio de salud a derechohabientes (…) sin la supervisión adecuada, lo que en algunos casos trae como resultado daños en la salud de las personas, los cuales llegan al grado de ser irreparables (…).”, es parte de la conclusión que emite la Comisión.
Al dar el seguimiento a la mujer que perdió su hijo, se destacó la afectación a ella, entre estos una fuerte depresión tras la pérdida. “Es difícil perder un hijo, era mi gran ilusión tenerlo y hemos aprendido a vivir con la muerte de mi bebé, me ha ayudado mucho las terapias psicológicas que hemos recibido por parte de una Tanatóloga, misma que tuve que buscar de forma particular, porque ya no podía con este dolor, y que también me ha generado un gasto extra en mi economía, pero lo requería con urgencia”.
En su conclusión la CNDH refiere también una deshumanizada atención en este caso por parte del personal, pero insta a investigar en qué condiciones opera la unidad médica, no sólo en la atención para mujeres embarazadas.
En su oportunidad el IMSS Bienestar emitió su postura y señaló que daría seguimiento al caso.
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