Campesinos, defensores de la tierra y activistas advirtieron sobre el riesgo de un ecocidio en más de 400 hectáreas de magueyeras ubicadas en los municipios de Singuilucan, Epazoyucan y Zempoala, debido a la instalación de parques fotovoltaicos autorizados en la región.
Los inconformes repartieron copias del oficio dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al gobernador de Hidalgo y a funcionarios de distintas secretarías federales, donde solicitaron la cancelación inmediata del proyecto.
Los participantes expusieron que la desaparición del maguey representa una pérdida de ecosistemas, agricultura y oficios como la producción de pulque. Recordaron la relevancia histórica y cultural del agave.
“Se trata de llevar electricidad a otros lugares; la población local no se ve beneficiada. La promesa de empleos es mínima y en cambio se pone en riesgo el equilibrio natural de flora, fauna e incluso los mantos acuíferos”, señalaron.
Los activistas citaron experiencias en otras comunidades, como Nopala, Hidalgo, donde la empresa Atlas Renewable Energy no cumplió con la reforestación comprometida, y en Malpaís, Tlaxcala, donde las máquinas intervinieron en zonas con vestigios arqueológicos y magueyeras, afectando a los tlachiqueros.
Los opositores argumentaron que el Agave salmiana es una planta de identidad nacional con importancia cultural, económica y ambiental. Con base en la Constitución mexicana, convenios internacionales y declaraciones como la de la ONU sobre los Derechos Campesinos, señalaron irregularidades en los permisos otorgados.
Finalmente, señalaron a la alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila, a quien acusaron de deslindarse del tema al declarar que el otorgamiento de uso de suelo no corresponde a su administración.