La presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, promovió una segunda impugnación, ahora ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un intento por revertir resoluciones que la obligan a entregar información a una regidora.
La nueva impugnación fue presentada en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional del TEPJF, quien confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), que determinó que la alcaldesa vulneró los derechos político-electorales de la regidora priista María Gloria Hernández Madrid.
En su resolución, la Sala Regional avaló el criterio del TEEH y sostuvo que no se vulnera la autonomía municipal al ordenar a la presidenta municipal que entregue información completa y a tiempo a los integrantes del cabildo, pues se trata de una obligación que influye en el ejercicio del cargo de los asambleístas.
El conflicto se originó luego de que la regidora del Partido Verde (PVEM), exdiputada federal del PRI, denunciara que no recibió la información correspondiente a un punto del orden del día de una sesión de cabildo en la que se aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026; además de que la convocatoria para dicha sesión no fue emitida dentro de los plazos establecidos en el Reglamento Interno del ayuntamiento.
Tanto el TEEH como la Sala Regional concluyeron que la alcaldesa, emanada de Morena, no acreditó con pruebas suficientes haber entregado la documentación solicitada, pese a que Robles Barrera, lo afirmó durante su defensa.
En su sentencia, el Tribunal Electoral local recordó que el artículo 49 Bis de la Ley Orgánica Municipal obliga a las presidencias municipales a convocar por escrito a las sesiones de cabildo y adjuntar los documentos que sirvan de soporte para los asuntos a tratar.
Además, los magistrados también señalaron que el proyecto de la Ley de Ingresos 2026 no fue previamente analizado ni dictaminado por la Comisión de Hacienda, como lo establece la Ley.
Pese a que dicha resolución fue confirmada por la Sala Regional, la presidenta municipal decidió escalar el conflicto a la Sala Superior bajo el expediente SUP-REC-623/2025.
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