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La presidenta municipal de Chilcuautla, Gabriela Escamilla López, y los regidores Ana Lilia Gómez Martínez y Arturo Jiménez Barrera fueron acusados de abuso de poder por invadir un predio particular en el que planeaban ejecutar una obra de pavimentación hidráulica.
Según María Guadalupe Barrera Mejía, propietaria del terreno, adquirió dos predios entre 2000 y 2011 con el fin de garantizar el acceso a su vivienda, y en ellos construyó una calle privada.
Actualmente, esa calle fue intervenida por autoridades municipales para realizar la obra, sin su consentimiento. La propietaria aseguró que la calle beneficia directamente a los regidores señalados, quienes al contar ya con el acceso decidieron pavimentarla.
Su inconformidad radica en que nunca fue notificada ni se le solicitó permiso, pese a que la calle está dentro de su propiedad. A principios de junio, envió un documento a la alcaldesa en el que informó que tanto la calle como los servicios de drenaje en esa zona son de carácter privado.
En el mismo documento, advirtió que en caso de continuar con la obra iniciaría acciones legales por despojo y daños a su propiedad.
También notificó de la situación a la delegada de la colonia El Álamo, pero no recibió respuesta, ya que presuntamente es familiar de una de las regidoras involucradas.
Ante la omisión de las autoridades municipales y auxiliares, la afectada presentó una queja ante el Poder Judicial de la Federación, solicitando la suspensión de la obra. La petición fue concedida, y en el documento se ordena a las autoridades abstenerse de ejecutar la obra hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
