En siete años se han detectado e inhabilitado al menos 25 mil 400 tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos en 23 municipios de Hidalgo por donde cruzan los oleoductos de Petróleos Mexicanos. Aun con la tragedia ocurrida en enero de 2019 y las acciones en materia de seguridad, este delito ha disminuido en su incidencia, pero prevalece como una actividad delictiva debido a su rentabilidad.
A siete años de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de San Primitivo, ubicada en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, derivada de una toma clandestina, el recuerdo de las 137 personas fallecidas y 13 lesionadas permanece. Muchos de los sobrevivientes enfrentaron múltiples cirugías y secuelas, mientras que decenas de familias quedaron en la orfandad. La contención del robo de combustible en Hidalgo ha sido paulatina. En 2025 se detectaron más de 2 mil 600 tomas ilegales y cerca de mil 700 denuncias penales, la mayoría sin detenidos.
En los minutos previos a la explosión de aquel 18 de enero de 2019, en el punto donde emanaba gasolina del oleoducto perforado, a la altura del kilómetro 22, se vivió un furor por extraer el combustible sin considerar el peligro que representaba. Pobladores cercanos, y otros que se enteraron por mensajes de WhatsApp, se acercaron atraídos por la posibilidad de recolectar el hidrocarburo para venderlo posteriormente, pues algunos desconocían que se trataba de un delito y un riesgo para su vida.
El desatado anhelo por poseerlo inhibió el miedo al contacto directo con el hidrocarburo, hasta que al caer la tarde llegó también el fuego, que iluminó el cielo de rojo con un estruendo que paralizó la vida de todos.
Las historias de orfandad, dolor, desesperación y terror se volvieron una constante para la región, la entidad y el país. Cientos de familias padecieron la muerte de uno, dos o más integrantes, a la par del dolor de las quemaduras y los daños a órganos de los lesionados, además del estigma que prevalece sobre una población que luchó desde obtener atención médica hasta contar con un panteón para despedir a sus muertos.
Aun con todos los estragos, el robo de combustible prevalece en Hidalgo. En al menos 23 municipios por donde cruzan los ductos se clausuran tomas clandestinas todos los días. Con datos del IGAVIM, se desprende que en los primeros nueve meses de 2025 se encontraron más de 2 mil tomas clandestinas realizadas por grupos delincuenciales; sin embargo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) se iniciaron al menos mil 400 denuncias por delitos relacionados con el robo, trasiego, almacenamiento e incluso venta de combustible ilegal.
Datos de transparencia de la Fiscalía indican que entre enero y octubre de 2025, de las 464 carpetas de investigación integradas por la FGR por delitos relacionados con la sustracción, aprovechamiento y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en Hidalgo, 6.6 por ciento correspondió a compra y 14.2 por ciento a aprovechamiento, es decir, a la referencia de los proveedores finales.
Aun con un alto conteo de tomas ilegales, la FGR solo integró 184 investigaciones por el delito de sustracción ilegal, es decir, aquellas en las que se encontraron tomas clandestinas conectadas de manera directa a los ductos, lo que representa apenas 39.6 por ciento de las investigaciones reportadas entre enero y octubre.
Aunque por aprovechamiento se integraron 66 carpetas, el dato destaca porque evidencia que ya se está llegando a expendedores, compradores y a quienes participan en este negocio.
Entre 2023 y 2024 se registró por primera vez en la entidad, en los últimos cinco años, una baja en la incidencia de tomas detectadas de 33.19 por ciento, al reportarse 2 mil 450 tomas. Ese año se convirtió en el de menor incidencia de este delito federal, ya que el año inmediato anterior cerró con 3 mil 667, es decir, en promedio se detectaba una cada 2 horas con 23 minutos.
En 2022, la incidencia alcanzó las 5 mil 534 tomas, con un promedio de una cada hora con 35 minutos. En 2021 se registraron 4 mil 461, con una incidencia de una cada hora con 58 minutos, y en 2020 fueron 4 mil 988, con un promedio de una cada hora con 45 minutos.
Hasta antes de enero de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no registraba este delito en sus indicadores, pero a raíz del hecho ocurrido en Tlahuelilpan se visibilizó y, en consecuencia, se fortaleció la atención frontal en materia de seguridad federal.
Datos emitidos por la entonces Comisión Reguladora de Energía señalan que entre 2015 y julio de 2024 se contaba con 326 permisos otorgados para expendios al público de petrolíferos en estaciones de servicio, entre nuevos y renovados.
Sin embargo, en algunos municipios solo se contaba con una estación de servicio que debía atender a todas las unidades existentes. Al promediar un parque vehicular de 707 mil 339 automotores registrados en 2023, el promedio de servicio era de 2 mil 170 vehículos por estación.
La condición resultaba crítica en demarcaciones como Ajacuba, Cardonal, Calnali, Chapantongo, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Jacala, Jaltocán, Mineral del Monte, San Salvador, Tenango de Doria, Tepetitlán, Tetepango, Tlahuelilpan, Tlanchinol y Tlaxcoapan, donde se contaba con una sola gasolinera o expendio de petrolíferos.
Con dos estaciones se encontraban Metztitlán, Nopala, San Agustín Metzquititlán, San Felipe Orizatlán, Tlanalapa y Zacualtipán. Aunque en este último municipio los autos emplacados suman 8 mil 454, también funge como punto de inicio de la zona serrana y de carreteras que comunican a municipios alejados como Tianguistengo e incluso Ilamatlán, en Veracruz.
Con un padrón vehicular que supera los 803 mil registros, aunque no todos paguen sus derechos de servicio, se destaca que, junto con el transporte público y las unidades en tránsito, la circulación supera el millón de vehículos que se desplazan por el territorio estatal y consumen combustible diariamente.
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