Uno de cada cinco comercios establecidos en Pachuca se encuentra en colonias con irregularidad jurídica o en zonas de transición que aún no han sido municipalizadas, situación que limita la certeza para los negocios y dificulta la integración de estos establecimientos a la actividad económica formal.
De acuerdo con el regidor Manuel Canales Pérez informó que, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor del 22 por ciento de los negocios de la capital hidalguense opera en predios ubicados en ejidos o asentamientos que carecen de procesos completos de regularización.
El edil explicó que el crecimiento urbano provocó que diversas zonas agrarias se transformaran en áreas habitacionales y comerciales, aunque sin concluir los procedimientos de municipalización, regularización de la propiedad o actualización registral, lo que ha generado vacíos de información y dificultades para la planeación urbana.
Añadió que Pachuca cuenta con nueve núcleos agrarios donde persisten inconsistencias catastrales y conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. Además, señaló que la propiedad social en ejidos y zonas irregulares representa aproximadamente el 30 por ciento de la mancha urbana del municipio.
Canales Pérez indicó que el comercio constituye una de las principales actividades económicas de la ciudad, con cerca de 131 mil personas dedicadas a labores de ventas y comercialización, de acuerdo con cifras del Inegi, por lo que consideró necesario generar mecanismos que permitan brindar mayor certeza jurídica a quienes dependen de esta actividad.
Advirtió que mantener estos establecimientos fuera de esquemas de regulación también incrementa su vulnerabilidad frente a problemas como la inseguridad y la extorsión, además de impedir que accedan a diversos programas y servicios municipales.
Por ello, informó que el ayuntamiento analiza la creación de un programa para regularizar los comercios ubicados en ejidos y asentamientos irregulares mediante la expedición de licencias o autorizaciones provisionales de funcionamiento.
La propuesta contempla que la falta de un título de propiedad o el incumplimiento en el pago del impuesto predial no sean un impedimento para que los comerciantes obtengan un permiso temporal.
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