Tras el conflicto territorial que surgió entre los límites de Mineral de la Reforma y Mineral del Monte, Jesús Oropeza Prado, líder de la asociación de Pequeños Propietarios, promovió el juicio de amparo 1701/2025 contra actos privativos de libertad.
Durante julio, esta organización bloqueó el bulevar Colosio para visibilizar el despojo de 247 hectáreas de terreno. En aquel momento, acusaron que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) pretendía invadir sus predios, los cuales aseguraron, poseen desde 1930.
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Para el 5 de agosto el conflicto escaló a una riña entre simpatizantes de la asociación de Pequeños Propietarios y los de la UNTA. En respuesta, los integrantes de la Unión marcharon hasta la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) para señalar que Oropeza Prado acumula 13 carpetas de investigación desde 2016 por la presunta apropiación indebida de terrenos.
Luego de esta serie de hechos, el representante de los Pequeños propietarios solicitó protección al Poder Judicial de la Federación (PJF) contra cualquier orden de aprehensión o detención en su contra.
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La demanda ingresó al Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Pachuca, aunque el juez federal le negó la suspensión definitiva; sin embargo, el juicio de amparo aún no se resuelve de fondo y la audiencia constitucional se llevará a cabo en septiembre.
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