Durante el pronunciamiento del 8 de marzo en la capital de Hidalgo, las mujeres acusaron que con la colocación de vallas -tal como sucedió el año pasado- el Estado ejerció violencia institucional y simbólica porque convirtió la Plaza Juárez en un espacio que no garantiza el derecho de libertad de expresión, cuando con anterioridad era un lugar de protesta y exigencia legitima, consignaron.
“La represión se da en un ambiente de impunidad frente a los feminicidios en Hidalgo, donde la respuesta institucional es revictimizante y sistemática”, dijeron algunas activistas.
Indicaron que más allá del patrimonio, lo más importante es la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, por ello señalaron que el gasto por más de 7 millones de pesos que erogó la administración de Hidalgo se debió destinar al fortalecimiento de las instancias que atienden las violencias contra las mujeres.
Finalmente, denunciaron persecución, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensoras de derechos humanos, colectivas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas y denuncian las violencias, con ataques, persecución, amenazas, campañas de desprestigio y uso del aparato gubernamental para intimidar, puntualizaron.
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