Martiniano N. fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado agravado por cerca de 116 millones de pesos, recurso del seguro catastrófico que debió servir para la rehabilitación tras el paso del huracán Grace en agosto de 2021.
El ex oficial mayor ya en prisión, por otras carpetas de investigación por peculado y uso ilícito de atribuciones, este lunes fue vinculado a proceso nuevamente por una quinta indagatoria. Y más tarde nuevamente asistirá a audiencia inicial por un otro delito diverso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) presentó las pruebas ante el juez de control, quien al encontrar indicios suficientes lo vinculó a proceso y se dieron seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
El Gobierno estatal informó que se detectó un presunto desvío de recursos por hechos ocurridos en la pasada administración. Se destacó que el monto total es de 116 millones de pesos, recursos que servirían para rehabilitación de caminos afectados por el huracán.
Los hechos que se le imputan al exfuncionario sucedieron el 30 de abril del 2021, fecha en la que como oficial mayor en la administración estatal que comprendió el periodo 2016-2022, solicitó recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para la renovación de una póliza de seguro catastrófico.
Para este efecto se celebró el contrato número 303/2021, con Grupo Mexicano de Seguros. Entre el 21 y 22 de agosto del 2021 la entidad se vio afectada por los efectos del huracán Grace, derivado de los daños que causó el evento meteorológico, se usó el seguro y la empresa antes mencionada realizó el pago de 116 millones 62 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Sin embargo, no existe evidencia alguna de que dicho recurso económico ingresara al Gobierno de Hidalgo, ya que fue depositado a una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company.
Con base en la formulación de la imputación que planteó el Ministerio Público, la mañana de este lunes, durante la continuación de la audiencia inicial un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exfuncionario estatal, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
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