Luego de que los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) amagaron con no levantar el paro hasta que renuncie el rector y el presidente del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH), el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, consideró que los estudiantes están en su derecho de exigir autoridades “honorables”.
En rueda de prensa, recordó que el paro que inició el 28 de agosto en el Instituto de Artes (IA) tenía como objetivo la renuncia de la directora María Teresa Paulín Ríos, quien ya dimitió al cargo, por lo que se cumplió con la mayor exigencia.
No obstante, tras las agresiones que sufrieron estudiantes y padres de familia en el edificio central de Abasolo, el 19 de septiembre pasado, por parte de un grupo de choque y trabajadores de la máxima casa de estudios de la entidad, otros institutos se sumaron al paro y ahora exigen la renuncia del rector Octavio Castillo Acosta y de Esteban Rodríguez Dávila, presidente del CEUEH.
Consideró que al tratarse de un tema universitario debe resolverse al interior de la institución educativa; sin embargo, refirió que el gobernador Julio Menchaca continúa en la disposición de mediar el conflicto.
En conferencia de prensa convocada para abordar el tema de seguridad, Olivares Reyna informó que los estudiantes de la UAEH llevan a cabo un proceso de recolección de firmas para nombrar a los voceros que los representarán en la mesa de negociación y respetar los acuerdos a los que lleguen, aunque aún no hay fecha para que esto suceda.
Son ya 11 carpeta de investigación por agresiones en edificio Central de Abasolo
Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), informó que hasta el momento suman 11 carpetas de investigación por los hechos del 19 de septiembre.
Detalló que dos corresponden a trabajadores de medios de comunicación que también fueron agredidos, y que aportaron los vídeos; otras ocho corresponden a los tutores y jóvenes que fueron violentados, así como una más por la apoderada legal de la universidad por presunta privación de la libertad de un chofer y daños al inmueble.
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