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A pesar de las recientes movilizaciones de simpatizantes de exservidores públicos para señalar tratos inadecuados en las penitenciarías, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) descartó actos de tortura.
Ana Karen Parra Bonilla, titular del organismo autónomo, consideró que las acusaciones sobre presunta tortura se deben a que no existe comunicación entre los manifestantes y las personas privadas de su libertad.
Con anterioridad, fue Armando N, exalcalde de Progreso de Obregón recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, quien denunció actos de tortura, entre ellos estar encerrado en una celda de un metro cuadrado, sin baño ni permiso de salir a las áreas comunes de recreación.
Un pronunciamiento que se replicó nuevamente el pasado 6 de mayo durante una manifestación afuera del Congreso local; sin embargo, Parra Bonilla dijo que “en el estado no hay tortura” y argumentó que Derechos Humanos realiza visitas de vigilancia en las penitenciarias.
“Tenemos de puño y letra de la persona víctima directa, que está agradecida con la Comisión, que tiene el acompañamiento de la Comisión”, argumentó.
En el mismo Cereso se encuentra Edgar N, exdiputado local señalado por narcomenudeo, cuyos simpatizantes también se manifestaron, pero en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.
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