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La transición de Procuraduría a Fiscalía de Hidalgo, el marco normativo, así como el curso del maxiproceso del esquema de corrupción conocido como 'Estafa Siniestra', son algunos de los pendientes que dejará Santiago Nieto Castillo, aspirante de Morena al Senado de la República por Querétaro.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asumió el compromiso como encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) hace 16 meses; sin embargo, anunció que el 8 de enero formalizará su renuncia ante el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En el lugar de Nieto Castillo se quedará un encargado quien concluirá los trabajos de la transición a Fiscalía.
Durante su encargo al frente de la Procuraduría, Nieto Castillo visibilizó una red de corrupción entre ayuntamientos y secretarías estatales del sexenio 2016-2022.
Este desvío de recursos a empresas fachada fue nombrado ‘Estafa Siniestra’ y la Procuraduría señaló como presuntos participantes a siete alcaldes y cinco exfuncionarios estatales; sin embargo, ningún proceso llegó a la fase de juicio oral con sentencias condenatorias.
Además, Nieto Castillo informó que cinco personas se acogieron a criterios de oportunidad, pero que no todos han cumplido con la reparación del daño.
Sin embargo, confió que los colaboradores de la PGJEH continuarán con este maxiproceso en el que están pendientes dos audiencias iniciales; una en contra de Atilano N, exsecretario de Educación y la otra involucra a Agustín N, alcalde de Atitalaquia en suspensión de funciones.
Con anterioridad, previó que durante el primer trimestre de 2024 se realizaría la transición de Procuraduría a Fiscalía, aunque esta no se concretó, Nieto Castillo destacó que se estableció una unidad de imputado desconocido, otra para la tramitación masiva de casos, así como la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que ya se encuentra operando.
Asimismo, mencionó que dejó un borrador en proceso de revisión respecto a lo que podría ser el marco normativo de la Fiscalía, documento que se trabajó de forma conjunta con organismos de la sociedad civil, académicos y personas especialistas en la materia a nivel nacional e internacional.
Reconoció un incremento en feminicidios, pero consideró que también se elevó el nivel de efectividad en la resolución de estos casos. Lo mismo con el delito de narcomenudeo, lo cual atribuyó a los cateos ejecutados con autoridades estatales y federales.
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