Estado

Transición del Tribunal de Justicia Administrativa demoraría dos años

Se prevé mayor presupuesto, personal y una nueva ley; el análisis lo realiza una Comisión de Transición

Salvador Franco Assad, presidente del TJA, I Foto: Lorena Rosas
10/07/2026 |13:21
Lorena Rosas Pérez
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La transición del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Hidalgo para dejar de depender del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) tardará alrededor de dos años, periodo durante el cual se incrementaría el presupuesto, el personal y se crearía una nueva ley.

Así lo informó Salvador Franco Assad, presidente del TJA, quien explicó que el proceso no será inmediato, pues existe una Comisión de Transición, encargada de diseñar los cambios que requiere el organismo para operar de manera autónoma. Lo anterior, a raíz de la reforma aprobada en diciembre de 2025 por el Congreso local.

El titular del Tribunal precisó que entre las adecuaciones previstas se encuentra ampliar la plantilla laboral, aunque por el momento no precisó cuántas plazas.

“Necesitaríamos, por ejemplo, nuestro contralor interno, área de transparencia interna, nuestra área administrativa porque ya vamos a hacer nuestra propia nómina”, dijo.

Franco Assad explicó que también deberán cumplir trámites administrativos, entre ellos registrarse como patrón ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), procedimiento que, estimó, puede prolongarse hasta un año.

Añadió que dicha autonomía requiere de una nueva Ley Orgánica, por lo que ya fue enviado un anteproyecto al Congreso de Hidalgo y estimó que la iniciativa pueda comenzar su discusión en comisiones dentro de dos o tres meses.

Respecto a los recursos financieros, el magistrado reconoció que será indispensable ampliar el presupuesto del Tribunal específicamente para el ejercicio fiscal 2027, aunque el monto se encuentra en evaluación por la Comisión de Transición.

Como parte de esta reorganización, recordó que el pasado 9 de junio el gobernador Julio Menchaca entregó un nuevo edificio al TJA, inmueble con valor superior a 40 millones de pesos que fue recuperado por el gobierno estatal como parte del cobro de un crédito fiscal.

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