La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el desechamiento de una queja por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al Congreso de Hidalgo, por la reforma que redujo de seis a dos años el periodo de la gubernatura correspondiente a 2028-2030.
Al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-255/2026, las magistraturas determinaron por unanimidad confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), que a su vez había avalado la decisión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) de desechar la denuncia.
La queja fue promovida por una ciudadana que solicitó la protección de sus datos personales, quien sostuvo que la modificación constitucional aprobada por el Congreso local constituye violencia política en razón de género en su modalidad de violencia institucional.
El planteamiento estaba relacionado con la aplicación de la regla de alternancia de género para la elección de la gubernatura. La promovente señaló que la reducción excepcional del periodo 2028-2030 afecta el ciclo en el que debe operar dicha regla para garantizar la postulación de una mujer a la gubernatura de Hidalgo.
También atribuyó al Congreso local una presunta tolerancia institucional, omisión de corrección y eventual aplicación electoral de la disposición transitoria que estableció una gubernatura de dos años.
Sin embargo, la Sala Regional determinó que el procedimiento especial sancionador no es la vía para analizar la constitucionalidad de una legislación.
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Durante la sesión de este jueves, el proyecto de sentencia señaló que, dada la naturaleza sancionadora de este procedimiento, una modificación legislativa no constituye por sí misma una conducta sancionable en materia electoral. Además, estableció que, por regla general, el órgano legislativo no está previsto como sujeto de responsabilidad en este tipo de procedimientos.
Con esta determinación, la Sala Regional confirmó la resolución del TEEH que había respaldado el desechamiento de la denuncia presentada originalmente ante el IEEH.
El caso surgió después de la reforma constitucional que estableció, por única ocasión, que la gubernatura que será electa para el periodo 2028-2030 tenga una duración de dos años, en lugar de los seis años correspondientes a un mandato ordinario.
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