El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó a autoridades municipales de Cardonal, Tula de Allende y Mineral de la Reforma entregar información solicitada por regidoras, al considerar que las omisiones afectaron el ejercicio de sus cargos.
Este jueves, magistrados resolvieron denuncias de integrantes de cabildos que denunciaron negativas, retrasos y condicionamientos para acceder a documentación pública necesaria para desempeñar sus funciones.
En el primer expediente TEEH-JDC-043/2026, la regidora de Cardonal, Lucero Ambrosio Cruz, acusó a la presidenta municipal, al director de Obras Públicas y al tesorero municipal de omitir la entrega de información requerida para el desempeño de su cargo.
Durante el análisis, los magistrados determinaron que sí se afectaron los derechos políticos electorales de la asambleísta, además de que las autoridades pretendían cobrar por la expedición de documentos solicitados.
Ante ello, el Tribunal determinó que la petición fue realizada en su carácter de regidora y no como una solicitud ciudadana particular, por lo que ordenó entregar la información en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Magistrados electorales también resolvieron otras tres denuncias contra la alcaldesa de Cardonal Karla Hernández Cerroblanco, quien es demanda de Movimiento Ciudadano.
En los expedientes TEEH-JDC-038/2026, TEEH-JDC-041/2026 y TEEH-JDC-052/2026, regidores acusaron que la presidenta municipal no entregó documentación para tratar asuntos en una sesión de cabildo.
En la resolución, el organismo jurisdiccional determinó que la decisión de Karla Hernández “vulnera el derecho de las y los actores al adecuado ejercicio del cargo, al impedirles contar con información suficiente para deliberar y emitir su voto de manera informada”.
En otro asunto, la regidora de Tula de Allende, Ariadna Ponce Sobrevilla denunció que autoridades municipales no respondieron 14 solicitudes de información. Mientras que en Mineral de la Reforma, el tribunal reiteró que integrantes de ayuntamientos no están obligados a pagar por copias certificadas cuando la documentación es necesaria para el desempeño de sus funciones públicas.
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