Solo en el 7% de los más de 500 casos en los que una persona señaló vulneración a sus derechos humanos en Hidalgo quedaron en un expediente de queja, de acuerdo con el censo que recién publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante 2024, sumaron 503 solicitudes de queja, pero solo 33 fueron aceptadas porque se presumió alguna vulneración, mientras que 467 de los casos se clasificaron como pendientes.
Lo anterior porque las solicitudes se presentaron con imprecisiones o no reunieron los requisitos legales o reglamentarios y por ello tienen dicha clasificación, porque es posible que las omisiones se corrijan. Mientras que tres no fueron aceptadas ya sea por incompetencia o porque no implicó alguna vulneración a derechos humanos.
Debido a las 503 solicitudes de queja que provinieron de Hidalgo, la entidad se posicionó en el lugar 24 de las 32 del país por la cantidad de presuntas vulneraciones, como indica el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal.
Con los tres asuntos declinados, así como los 33 en donde si hay una queja, significa que 36 fueron concluidos. Aunque todavía hay 467 aún están pendientes.
En los 33 casos donde se consideró que sí existió una posible vulneración y que siguen en análisis incluyen a 40 personas afectadas, de las cuales, 25 son hombres y 15 son mujeres.
De manera general, los principales hechos presuntamente violatorios en agravio de mujeres son: al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, así como transgresión del derecho de petición.
Mientras que en los hombres el listado lo lidera la detención arbitraria, tortura o los tratos crueles inhumanos o degradantes.
Las autoridades más señaladas en el ámbito federal son: Instituto Mexicano del Seguro Social, el sistema penitenciario, el Instituto Nacional de Migración; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Comisión Federal de Electricidad.
Mientras que a nivel local son: las autoridades procuradoras de justicia, de seguridad pública, las alcaldías, así como la Secretaría de Educación Pública estatal.
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