En los sexenios anteriores se ocultaron bienes públicos para después adjudicarlos indebidamente a excolaboradores de la misma administración estatal, señaló Raúl Serret Lara, titular de la Coordinación General Jurídica de Hidalgo.
De septiembre de 2022 a abril de 2026, el gobierno estatal reintegró al patrimonio 385 inmuebles que en su momento se donaron, adjudicaron de manera irregular o se utilizaron con fines distintos a los establecidos.
El valor estimado de los bienes asciende a mil 230 millones de pesos; sin embargo, aún hay procedimientos vigentes para recuperar otros espacios, al menos 25 informó hace más de un mes la Oficialía Mayor.
En ese contexto, Serret Lara indicó que en el análisis de investigación se detectaron inmuebles que dividieron o en su caso que ocultaron porque no estaban registrados, aunque no precisó cuántos.
"Existe la posibilidad de que vayan apareciendo más bienes, no había un rigor en el registro del patrimonio inmobiliario, se ocultaban bienes de lo que correspondía a los registros estatales".
Respecto a los procesos jurídicos en contra de los exservidores públicos involucrados en dichas donaciones, el coordinador jurídico añadió que no siempre se pueden iniciar por motivos de prescripción, es decir, porque ya pasó el tiempo y en consecuencia la autoridad ya no puede castigar el delito.
Los 25 procedimientos actuales involucran 51 lugares, entre ellos la Fundación Arturo Herrera Cabañas localizada en el centro histórico de Pachuca, a la cual le retiraron el comodato en abril de este año; inconforme con la decisión, la organización promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que el asunto aún no concluye, refirió el director general.
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