Los detenidos el pasado 12 de febrero en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul promovieron juicios de amparo en contra de Francisco Ángel Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Durante el operativo detuvieron a 33 personas, de estos, al menos 17 recurrieron al Poder Judicial de la Federación (PJF) para reclamar actos privativos de libertad, ya que están recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
Incluso, en algunas de las demandas se advierte que los promoventes reclamaron además de detenciones fuera de procedimiento judicial, presunta tortura, incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.
Las demandas ingresaron al Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito el mismo día de la detención, cuando se cumplió la ejecución de la orden judicial 40/2026 con motivo de levantar el aseguramiento del inmueble donde se ubica la planta cementera y así, realizar la devolución de las instalaciones.
La protección de la justicia federal la solicitaron mediante 17 juicios de garantías por separado: Emmanuel N, Miguel Ángel N, Guadalupe N, Carlos N, Fernando N, José María N, Luis N, Juan Alberto N y Guillermo N. Así como Sergio N, Juan Alberto N, Héctor N, Juan Luis N, Eduardo N, Juan José N, Adrián N e Hilario N.
Actualmente de las 33 personas detenidas, dos están vinculadas a proceso por portación de arma de fuego y narcomenudeo con fines de suministro, mientras que los 31 restantes están en espera de su resolución judicial por la autoridad del fuero común.
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