El cumplimiento en tiempo y forma de los reportes semestrales de generación de residuos de manejo especial se ha consolidado como un elemento clave para fortalecer la gestión ambiental en Hidalgo. Esta obligación permite a las autoridades dar seguimiento a los procesos productivos, prevenir impactos negativos al entorno y asegurar un manejo adecuado de los residuos derivados de las actividades económicas que se desarrollan en la entidad.
Estas acciones se enmarcan en la política ambiental impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, orientada a consolidar un estado con prácticas más ordenadas en materia ambiental. Bajo este enfoque, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) promueve el cumplimiento de la normatividad como una herramienta para proteger el entorno y avanzar en esquemas de economía circular y desarrollo sostenible.
La titular de la Semarnath, Mónica Mixtega Trejo, ha señalado que cada reporte entregado correctamente y dentro de los plazos establecidos contribuye a fortalecer la vigilancia ambiental. Además, permite mejorar la planeación institucional y generar información confiable que respalde la toma de decisiones relacionadas con el manejo de residuos en el estado.
De acuerdo con los lineamientos vigentes, las empresas generadoras de residuos de manejo especial deben presentar un reporte semestral que incluya el formato oficial requisitado, el plan de manejo correspondiente, bitácoras de control, manifiestos de entrega, transporte y recepción, así como los análisis que marca la normatividad ambiental cuando aplica. Esta documentación es revisada por la Dirección de Manejo Integral de Residuos para verificar el cumplimiento y dar seguimiento a las autorizaciones ambientales.
El cumplimiento de estos reportes no sólo evita sanciones administrativas, sino que también refleja la responsabilidad ambiental de las empresas. Con ello, se contribuye a la protección de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades, además de fortalecer la relación institucional entre el sector productivo y las autoridades ambientales.