México discute hoy una de las reformas laborales más relevantes de las últimas décadas: la reducción de la jornada semanal a 40 horas. La meta social es clara: mejorar el bienestar de los trabajadores. El problema no es el objetivo, sino el entorno en el que se pretende implementarlo.
El calendario plantea una transición gradual hasta 2030: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas definitivas en 2030. En el papel, la gradualidad busca amortiguar el impacto. Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja.
En una encuesta nacional, 71.4 % de empresarios anticipa aumento en costos y 66.72 % considera indispensable reducir impuestos o implementar mecanismos alternativos para poder sortear la medida. Incluso considerando el esquema gradual, 56.7 % manifestó desacuerdo. El mensaje no es rechazo al bienestar; es una advertencia sobre la viabilidad.
El contexto económico no ayuda: el crecimiento para 2026 es considerado marginal, insuficiente para absorber aumentos en costos laborales sin afectar empleo o inversión. Cuando la economía crece poco, cada punto porcentual adicional en obligaciones pesa más en los márgenes.
Además, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 43,578 registros patronales ante el IMSS. No es un ajuste menor: es la caída más profunda desde 1998. Mientras tanto, aumentan los registros de personas físicas con actividad empresarial, lo que sugiere fragmentación del tejido productivo más que expansión estructural.
La base empresarial mexicana está compuesta mayoritariamente por MiPyMEs: más de 6.1 millones, que representan el 99.8 % de las unidades económicas del país, y de ellas, el 67 % opera en la informalidad. Son negocios familiares con márgenes estrechos, horarios extendidos y alta exposición a variaciones en costos.
Si la reforma laboral se implementa sin un rediseño paralelo en materia fiscal, de productividad y simplificación regulatoria, el riesgo no es ideológico; es estructural. Las empresas enfrentarán dos alternativas: contratar más personal —con incrementos estimados de hasta 15 % en costos— o pagar horas extra, que podrían elevarlos hasta 20 %.
El dilema es claro: avanzar en derechos sin debilitar la fuente que los financia. Para lograrlo, se requiere una reforma estructural complementaria: reducción temporal de cargas, incentivos a la productividad, acceso real a financiamiento y simplificación administrativa.
México no puede permitirse políticas fragmentadas. La agenda laboral debe ir acompañada de una agenda de crecimiento e inversión. De lo contrario, el bienestar buscado podría traducirse en menor formalidad y menor generación de empleo.
El desafío no es elegir entre trabajadores y empresas. El desafío es entender que ambos dependen de un mismo factor: crecimiento sostenido y reglas viables.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL HIDALGO ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.