El Periódico Oficial de Hidalgo (POEH) publicó ayer la reforma de austeridad presupuestaria administrativa que permite a los ayuntamientos tener un máximo de 15 regidurías y una sindicatura.
Con esta nueva disposición, que entra hoy en vigor, se eliminan 26 espacios para regidores y 14 lugares de síndicos, lo cual aplica para las siguientes administraciones, mientras que el resto de municipios depende del número de población con la que cuente.
La iniciativa impacta a Pachuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo, cuyos ayuntamientos perderían cuatro regidurías y una sindicatura cada uno, mientras que a los de Huejutla y Tula les restarían cinco ediles y un síndico a ambos.
En estos seis municipios, se suprimirían en total 32 espacios para cumplir con la reforma aprobada por los legisladores locales, de acuerdo con un análisis de las planillas en los ayuntamientos avaladas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
Además, están conformados por 15 regidores los cabildos de Actopan, Cuautepec, Atotonilco de Tula, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Zempoala y Tezontepec de Aldama, donde se eliminará la segunda figura de la sindicatura, con lo cual sumarían ocho síndicos menos.
Los recursos públicos que resulten de los ahorros en el Presupuesto de Egresos del Estado derivados de las reducciones que se lleven a cabo en la integración de los ayuntamientos, quedarán en el patrimonio de la Hacienda pública de cada municipio.
Además, el Congreso del estado destinará los recursos excedentes a obras de infraestructura pública en beneficio de la población dentro del presupuesto correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, al garantizar los principios de legalidad, honradez, transparencia у austeridad.
La reforma planteada por el gobernador Julio Menchaca también estableció que las remuneraciones de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del estado, así como de los consejeros electorales y los titulares de áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Estatal Electoral no excederán a la remuneración del mandatario y de la presidenta del país.
Además, queda prohibido para dichas personas adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
Mientras tanto, el recurso anual asignado al Congreso local no podrá exceder 0.70 por ciento del total del Presupuesto de Egresos del Estado.
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