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Legisladores hidalguenses propusieron agravar el delito de extorsión cuando las víctimas sean comerciantes o concesionarios y operadores del transporte público. Se destacó que este delito afecta al sector empresarial porque ante la incidencia, las inversiones se van a otras ciudades.
La iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Escalante Urban busca modificar el Código Penal de Hidalgo para que el delito de extorsión se castigue desde los seis y hasta los 12 años de prisión.
También se pretende que sea agravada cuando las víctimas se dediquen a la prestación de servicios, actividades productivas y para el transporte de mercancías en territorio hidalguense, esto en respuesta al incremento del delito hacia el sector, principalmente en aquellos dedicados al transporte en carreteras.
Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el diputado de Tizayuca expuso que la extorsión también tiene connotación de género, pues Hidalgo ocupa el séptimo lugar entre las entidades donde incrementó el porcentaje de mujeres víctimas de dicho ilícito.
Los datos del Secretariado refieren que de enero a mayo de 2025, en Hidalgo al menos 47 mujeres denunciaron haber sido víctimas de extorsión.
El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que el delito afecta la economía local, pues las amenazas generan que el sector empresarial lleve las inversiones a otras ciudades o que se cierren establecimientos, lo que genera la consolidación de zonas de riesgo para la actividad productiva.
Refirió que los concesionarios y operadores del transporte público también son afectados por amenazas constantes y el hostigamiento.
“Durante protestas de transportistas han exigido mayores castigos para quienes extorsionan, por ello se propone castigar con mayor severidad este delito porque se afecta a la economía y hay pérdida de empleos”, dijo en el pleno del Congreso.
Transportistas de Tizayuca denunciaron que son víctimas frecuentes de presuntos extorsionadores, así como los operadores de camiones de carga que transitan por carreteras estatales y tienen que aportar el dinero solicitado para poder trabajar.
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