De cara a las elecciones del 2027, en el Congreso local se presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral de Hidalgo, donde además de la paridad, se plantea que las postulaciones de personas con discapacidad se acrediten con un certificado médico, además de reducir regidurías y eliminar las sindicaturas de primera minoría.
En total, 24 legisladores de diferentes bancadas firmaron la iniciativa en materia de integración y paridad de género en ayuntamientos, la cual establece que quienes postulen personas con discapacidad en candidaturas deberán acreditar su condición mediante certificado o constancia médica expedida por institución de salud pública o privada con especialidad en discapacidad.
Anteriormente intervenía el Consejo General del Instituto Estatal Electoral mediante un comité integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones civiles, que emitían su opinión para las postulaciones por acción afirmativa de discapacidad.
Sobre la conformación de regidurías, los municipios con población menor a 20 mil habitantes contarán con una sindicatura de mayoría relativa, cuatro regidurías de mayoría relativa y tres de representación proporcional (antes eran 5 y 4); los de 20 mil y hasta 50 mil una sindicatura, cinco regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional (antes eran 7 y 5).
Los municipios que tengan una población de más de 50 mil habitantes, contarán con una sindicatura de mayoría relativa, ocho regidurías de mayoría relativa y siete de representación proporcional (antes eran 9 y 6). También se elimina la figura de síndico de primera minoría, o lo que se conoce como el segundo lugar.
Respecto a la paridad, se plantea dividir los 84 municipios del estado en dos bloques de 42 municipios, integrados conforme el orden alfabético, uno será reservado para la postulación exclusiva de las mujeres a las presidencias municipales, y en la elección siguiente ambos bloques se alternarán.
“El criterio alfabético no distingue colores partidistas, no mide rentabilidad electoral, no favorece regiones específicas, ni permite decisiones discrecionales. Es una regla general, transparente, verificable e igual para todas las fuerzas políticas”, expresó en tribuna la diputada Lizbeth Ordaz Islas.
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