Ante el pleno del Congreso local presentaron una iniciativa para endurecer las sanciones administrativas a servidores públicos que provoquen daños al patrimonio estatal, quienes podrían ser inhabilitados de manera permanente.
De acuerdo con el legislador Francisco Javier Téllez Sánchez, de aprobarse la iniciativa, los funcionarios públicos podrían ser inhabilitados según el daño causado, que incluye desde uno y hasta 10 años si la afectación no excede 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Mientras que si el daño por sus acciones u omisiones administrativas supera las 200 y llega hasta 500 UMAs, la suspensión será de 10 a 20 años.
La propuesta prevé reformar el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Se enfatizó que la inhabilitación permanente para evitar que la persona vuelva a ocupar un cargo público será cuando el perjuicio sea mayor a 500 UMAs.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) explicó que la intención es cerrar “espacios de impunidad” y garantizar que quienes hayan cometido irregularidades no puedan incorporarse al servicio público, pero tampoco participar en procesos de adquisiciones o contrataciones estatal.
En la propuesta se argumentó que su iniciativa derivó de la revisión a la Cuenta Pública 2023, en donde la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó irregularidades por 346 millones de pesos.
También se impusieron 180 sanciones administrativas por la Contraloría estatal y 103 multas que aplicó el Instituto de Transparencia (ITAIH).
“Estos datos no son hipótesis, son realidades que ya afectan la confianza ciudadana y el patrimonio de los hidalguenses”, expresó Francisco Téllez.
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