El Congreso de Hidalgo pretende incrementar las penas hasta de 20 años de prisión a operadores del transporte público de pasajeros o escolares que derivado de accidentes causen la muerte a pasajeros, ya sea por omisiones o por falta en el deber de cuidado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), durante en 2024 en el estado se registraron 255 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 13.8 por ciento respecto a lo reportado durante 2023.
El exceso de velocidad es la causa más frecuente entre los accidentes en autobuses y camionetas tipo Urvan del servicio público, que son las principales causas de muerte y lesiones graves irreversibles.
Ante ese panorama, integrantes del grupo legislativo de Morena y Nueva Alianza Hidalgo presentaron la iniciativa que busca reformar el artículo 148 del Código Penal de Hidalgo, para que el homicidio culposo cometido por personal de transporte público de pasajeros o escolares sea considerado como un delito grave.
La propuesta pretende aumentar las sanciones para homologar la legislación local con el artículo 60 del Código Penal federal que ya tipifica esa conducta como delito grave, a los operadores que causen homicidio a consecuencia de omisiones o por una falta en el deber de cuidado.
A quienes les aplicarán de 5 a 15 años de prisión, si se priva de la vida a un usuario del transporte público, la pena actual es de 3 a 12 años; así como de 6 a 20 años de prisión si causan más de un homicidio, actualmente se castiga con penas de 4 a 15 años.
El Instituto Nacional de Salud Pública ubica a México en el séptimo lugar a nivel mundial y tercero en Latinoamérica, en muertes por siniestros viales, al registrar 24 mil decesos anuales en promedio.
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