Con el propósito de establecer sanciones más severas para deudores alimentarios reincidentes con penas de seis y hasta 10 años de prisión, legisladores locales presentaron una iniciativa que reforma el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
En reciente sesión ordinaria, integrantes de la 66 Legislatura presentaron la propuesta para sancionar con mayor rigor a deudores alimentarios que de manera reiterada y sistemática, incumplen con sus obligaciones pese a la existencia de resoluciones judiciales o antecedentes previos de incumplimiento.
Durante la exposición de motivos se mencionó que la reincidencia en ese tipo de conductas evidencia no solamente un desacato persistente frente a la autoridad, sino también una actitud dolosa y de abandono hacia las personas acreedoras alimentarias, quienes continúan siendo afectadas por la falta de recursos indispensables para su desarrollo y bienestar.
Diputados locales precisaron que desde 2019 y hasta 2025, alrededor de 500 personas han sido registradas como deudores alimentarios en Hidalgo; mientras que según cifras oficiales del primer trimestre de 2026 revelan que el incumplimiento de pensión alimenticia aumentó 92 por ciento.
Actualmente el artículo 230 del Código Penal de Hidalgo, establece impondrá prisión de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además de suspensión de los derechos de familia en relación con el ofendido, al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos.
La propuesta plantea que las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad, en caso de reincidencia.
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