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Arturo Gil Borja, representante legal de los extrabajadores del ayuntamiento de Singuilucan que ganaron el pago de laudos, promovió un juicio de amparo contra actos privativos de libertad ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).
A finales de abril, se dio a conocer que las cuentas bancarias de la alcaldía de Singuilucan quedaron embargadas por más de 21 millones de pesos debido a que un grupo de excolaboradores ganaron la demanda laboral contra la administración municipal.
De acuerdo con la presidenta Yazmín Dávila López, los extrabajadores están asesorados por el abogado Gil Borja. Incluso, en un evento público la alcaldesa afirmó que en diciembre de 2024 el abogado intentó sobornarla y le ofreció el 20 por ciento de los laudos si accedía a la liquidación del monto.
Los señalamientos datan de la última semana de abril de este año y luego de que se concretó el embargo de las cuentas y terrenos propiedad de la administración municipal de Singuilucan, mientras que el juicio de amparo fue presentado el 25 de abril.
El asunto quedó radicado en el expediente 830/2025 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, que pertenece al PJF. En los actos reclamados, el abogado reclamó específicamente una orden de aprehensión.
También señaló como autoridades responsables a todos los jueces de control del Juzgado en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del primer circuito judicial de Pachuca. El juicio de amparo continuará su curso con las audiencias programadas para el transcurso de mayo.
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